En México, la informalidad laboral es uno de los desafíos estructurales más persistentes y complejos. Generalmente asociada con el comercio ambulante, la agricultura o la construcción, esta problemática también afecta profundamente a sectores estratégicos como el de la salud.
Miles de trabajadores, especialmente enfermeras, técnicos en medicina y personal auxiliar, operan en condiciones laborales precarias: sin contrato, sin a seguridad social, sin prestaciones básicas ni estabilidad. Este fenómeno tiene efectos no solo sobre su bienestar personal, sino también sobre la calidad del sistema de salud y la seguridad de los pacientes.
Durante el tercer trimestre de 2024, la informalidad entre enfermeras y técnicos en medicina alcanzó el 29.1%, según datos de la Secretaría de Economía, lo que representó un incremento significativo frente al segundo trimestre, cuando la cifra era de 24.1%. Esto significa que casi uno de cada tres trabajadores de la salud en estos niveles carece de vínculos laborales formales. En un país que aspira a garantizar servicios de salud universales y gratuitos, esta situación representa una grave contradicción.
Las condiciones laborales en la informalidad no solo implican la ausencia de derechos básicos como vacaciones, aguinaldo, licencias por maternidad o enfermedad, sino también una exposición constante a riesgos físicos y emocionales. Muchos trabajadores del sector salud realizan turnos extendidos, con contratos temporales, en instituciones públicas que, debido a restricciones presupuestarias o a la falta de plazas, recurren a esquemas de subcontratación o de honorarios para mantener en operación los hospitales y clínicas.
Este tipo de contratación precarizada es especialmente común entre el personal de enfermería, que históricamente ha sido marginado de los procesos de formalización laboral. En muchos casos, las enfermeras deben renovar su contrato cada tres o seis meses, sin garantía de continuidad. La falta de certeza laboral influye en la motivación y en la salud emocional del personal, pero también tiene implicaciones directas en la atención a los pacientes: mayor rotación de personal, menor capacitación continua y una relación menos estable con los s de los servicios.
La pandemia por Covid-19 evidenció la importancia del personal de salud y los costos humanos de la precariedad. Según un estudio elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, durante la crisis sanitaria miles de trabajadores contratados por honorarios o sin base formal fueron puestos en la primera línea de atención, muchos sin a seguridad social ni indemnizaciones.
La OIT reportó que en México la pérdida de empleo entre mujeres asalariadas del sector salud fue del 17%, similar a la que enfrentaron los hombres en otros sectores de la economía, y que gran parte del personal de salud con empleo informal se encontraba laborando dentro de instituciones formales, sin contrato escrito ni protección bajo la legislación laboral vigente.
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En el contexto actual, marcado por la expansión del sistema de salud pública, la demanda de personal médico y de enfermería ha aumentado. Sin embargo, este crecimiento no ha estado acompañado de una política laboral integral que garantice derechos y condiciones dignas para quienes laboran en este sector.
Recordemos las protestas de los enfermeros suplentes del Hospital General de Chetumal quienes denunciaron a finales de 2024 que no habían recibido pago por más de tres meses de trabajo. A pesar de laborar en turnos completos, muchos de ellos no contaban con contrato formal, prestaciones ni afiliación a la seguridad social.
La mayoría fue contratada como personal eventual, una figura ambigua que las autoridades sanitarias estatales han utilizado durante años para cubrir carencias de plantilla sin asumir compromisos laborales a largo plazo.
La informalidad laboral en el sector salud también tiene un impacto de género. La mayoría del personal de enfermería y técnico está compuesto por mujeres, quienes enfrentan dobles o triples jornadas de trabajo, con escaso reconocimiento y sin redes de protección social. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 79% del personal de enfermería en México está compuesto por mujeres, según cifras del cuarto trimestre de 2021.
Frente a este panorama, es urgente que las autoridades diseñen una estrategia nacional para formalizar el empleo en el sector salud, empezando por la creación de plazas con derechos laborales completos, esquemas de contratación estables y una vigilancia efectiva sobre prácticas de subcontratación. Esto no solo es un acto de justicia para el personal que ha sostenido el sistema en las peores condiciones, sino una condición mínima para garantizar un servicio de salud de calidad y seguro para toda la población.
Por ahora, miles de trabajadoras y trabajadores de la salud siguen sosteniendo el sistema desde la trinchera de la informalidad. Sin contrato. Sin seguridad social. Y muchas veces, sin reconocimiento.
