Guanajuato encabeza la lista nacional de demandas por incumplimiento en el pago de pensión alimenticia, y ante esta problemática, la diputada local Sandra Pedroza, de Movimiento Ciudadano, propuso una serie de reformas al Código Civil del estado con el objetivo de garantizar que los deudores cumplan con sus obligaciones legales.
Entre las medidas más destacadas se contempla que los deudores alimentarios registrados no puedan tramitar licencias para conducir, ni trabajar como servidores públicos, ni ofrecer servicios como proveedores del gobierno estatal o municipal, incluso si lo hacen a través de empresas en las que figuren como socios.
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“Lo que buscamos con este rediseño del registro es que sea operado por el Registro Civil, que tiene la mayor capacidad para hacerlo funcionar de forma efectiva. Además, queremos establecer consecuencias claras que los obliguen a cumplir: sin licencia, sin empleo en el gobierno, y sin contratos públicos mientras estén inscritos como deudores”, explicó la legisladora.
También se les advertirá en bodas civiles
Otra de las reformas propuestas por Pedroza es que al momento de celebrar un matrimonio civil, el juez u oficial del Registro Civil esté obligado a advertir a la pareja si uno de los contrayentes se encuentra en el registro de deudores alimentarios, como medida preventiva para evitar “sorpresas” en el futuro.
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“Proponemos que durante la ceremonia se informe si el futuro esposo o la futura esposa está inscrito en el registro, porque hasta se pueden volver a casar y nadie les dice nada. Es importante que esta advertencia se haga en ese momento”, señaló.
Actualmente, Guanajuato cuenta con un registro de deudores alimentarios desde 2022, el cual está a cargo del Registro Público de la Propiedad. Sin embargo, su funcionamiento ha sido fuertemente cuestionado, sobre todo por madres de familia, ya que la única consecuencia que contempla es la imposibilidad de vender o traspasar bienes inmuebles.
La diputada advierte que esta medida es insuficiente, pues muchos deudores no cuentan con propiedades, por lo que las sanciones propuestas buscan cerrar los vacíos legales y presionar de manera más efectiva a quienes no cumplen con la manutención de sus hijos.
