El gobierno de Donald Trump planea recortar otros mil millones de dólares a la Universidad de Harvard, con la que mantiene una creciente pugna en torno a su autonomía, y que están destinados a la investigación de la salud, según informó este domingo The Wall Street Journal.
De acuerdo con el medio que cita fuentes conocedoras del asunto, en el centro del conflicto está la carta que el Grupo de trabajo federal contra el antisemitismo envió a Harvard con una serie de exigencias que esta rechazó, como suspender sus programas de diversidad (DEI) y vigilar la ideología de sus estudiantes extranjeros.
Tras la negativa a plegarse a su agenda, el gobierno de Trump ha congelado fondos por valor de 2 mil 200 millones para la universidad y ha amenazado con eliminar la exención de impuestos de la que goza.
El conflicto escaló este viernes, cuando el Departamento de Seguridad Nacional anunció la cancelación de una ayuda de 2 mil 700 millones y exigió un registro de "actividades ilegales y violentas" de estudiantes extranjeros.
El Gobierno busca presionar aún más a Harvard, puesto que consideraba su lista de exigencias rechazada como un punto de comienzo para negociar, y además no ha sentado bien que las hiciera públicas, indica el WSJ.
"Ningún gobierno debería dictar a qué puede enseñar una universidad privada, ni a quién deben itir o contratar, o qué áreas de estudio o investigación se pueden perseguir", indicó esta semana el presidente de Harvard, Alan Garber, en una nota a los de la universidad.
¿Van por recortes a las universidades">
Solicitud de Trump viola derechos de la Universidad: Garber
La istración Trump ha pedido a las principales universidades emprender acciones contra supuestos actos antisemitas en sus campus debido a las protestas estudiantiles pro palestinas que comenzaron por el conflicto armado entre Hamás e Israel.
En este contexto, Garber agregó que las peticiones de Trump exceden las facultades del gobierno federal y violan los derechos de la Universidad bajo la primera enmienda. Además, acusa que con ello se amenazan los valores de la institución que está dedicada a la búsqueda, producción y difusión del conocimiento.
Por tanto, consideró que ningún gobierno debería dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, a quienes pueden itir, contratar y qué áreas de estudio e investigación pueden desarrollar.