El Consejo de las Empresas Globales (CEEG) señaló que la ocupación temporal de instalaciones de Ferrosur, de Grupo México, por parte del gobierno federal "pone en duda el respeto a las garantías constitucionales y a los marcos jurídicos que protegen la inversión".
“Es crucial que todo gobierno se ajuste a la ley y evite tomar acciones que puedan ser percibidas como arbitrarias”, indicó.
En un contexto global en el que México podría ser el receptor de dos a cuatro millones de empleos formales y cerca de 30 mil millones de dólares derivados del fenómeno de nearshoring, ven con preocupación el creciente deterioro de la certidumbre jurídica necesaria para que esas y otras inversiones lleguen al país.
Indicó que las empresas internacionales tienen responsabilidades fiduciarias ante distintos públicos. No solo están comprometidas con sus socios y accionistas, sino también con sus clientes, socios comerciales, proveedores, colaboradores y sociedad en general.
“Para generar confianza y promover la inversión es fundamental que el Estado brinde un entorno estable y predecible, en el cual todas las empresas puedan operar de manera segura y cumplir con sus obligaciones” comentó.
Ante ello, el CEEG alienta al gobierno de México a ser consciente de las consecuencias que pueden tener decisiones que vulneren el Estado de Derecho, la confianza de los inversionistas y la reputación de México en el mundo.
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