Con la reciente puesta en marcha de realizar pruebas para implementar la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, la consultora estratégica The Competitive Intelligence Unit (The Ciu), indicó que es necesario un marco legal claro e instituciones sólidas.
En un análisis firmado por el directivo de la firma Gonzalo Rojon, destacó que aunque la idea es buena, se necesitan medidas estrictas de protección de los datos personales de la población mexicana.
“Vivimos en un país con altos niveles de inseguridad y donde el uso indebido de información personal no es un escenario hipotético, sino una preocupación constante”, señaló Rojon en análisis.
“En ese contexto, construir una base de datos centralizada con información tan delicada, sin garantías sólidas de protección, representa un riesgo considerable”.
Destacó que a diferencia de una contraseña, los datos biométricos no pueden cambiarse si son expuestos, por lo que esta situación vuelve a cualquier filtración un problema serio y duradero para los afectados.
“Aunque todavía no se ha publicado ningún decreto oficial, y por ahora se habla sólo de pruebas piloto en algunos estados, vale la pena detenernos a reflexionar antes de avanzar, porque sí, la idea suena moderna y hasta necesaria, pero si no se cuenta con un marco legal claro”, agregó.
Rojo comentó que además, este tipo de medidas no son nuevas pues en 2009, el gobierno puso en marcha el Registro Nacional de s de Telefonía Móvil (Renaut), que obligaba a registrar las líneas telefónicas con la CURP, bajo el argumento de mejorar la seguridad.
Sin embargo, la falta de garantías para proteger esa información llevó a su cancelación en 2011, desde entonces, se han propuesto otras iniciativas similares, pero han sido detenidas a lo largo de los años.
“Otros ejemplos refuerzan esta preocupación. En 2016 se filtró una base de datos del Instituto Nacional Electoral con información de más de 90 millones de mexicanos”.
“A pesar del nivel de sensibilidad de esos datos no hubo consecuencias claras ni responsables sancionados. Esto demuestra que no basta con tener leyes, si no existen las capacidades técnicas y la voluntad política para hacerlas cumplir”, destacó el especialista.
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