Que el conflicto actual entre la Universidad de Guadalajara y el Gobierno de Jalisco gira en torno al marco normativo del presupuesto 2025, que establece que la Federación cubriría el 52 por ciento del gasto operativo de la institución, mientras que el estado aportaría el 48 por ciento. Aunque ninguna de las partes ha hecho declaraciones públicas, la realidad es que existe un desacuerdo jurídico sobre el monto total de recursos: mientras la universidad insiste en ajustarse al porcentaje pactado, el gobierno estatal argumenta limitaciones presupuestarias. Este ime más allá de las declaraciones mediáticas ha derivado en un intercambio de argumentos legales que trasciende la propuesta inicial del gobernador Pablo Lemus Navarro sobre la distribución de fondos.
Que Carlos Iván Moreno, titular de la Dirección Superior de Educación Superior de la SEP y ex funcionario de la Universidad de Guadalajara, alertó mediante documentos oficiales a Luis García Sotelo, secretario de Hacienda de Jalisco, sobre un rezago histórico: de las 34 universidades públicas federales, la UdeG es la única que no ha recibido los recursos correspondientes a la participación federal. Moreno advirtió que esta omisión pone en riesgo la operación académica y istrativa de la institución, e instó al gobierno estatal a firmar un convenio para desbloquear los fondos. Los oficios buscan, además, evitar responsabilidades legales derivadas de irregularidades en la transferencia de recursos.
Que ante la notificación de la SEP, la istración de Lemus respondió con un oficio dirigido a Mario Delgado, titular de la dependencia federal. En él, el gobierno jalisciense sostiene que solo puede aportar 7 mdp —y no los 8 mil 500 mdp exigidos por la UdeG—, bajo el argumento de que ese monto corresponde al 48 por ciento de lo efectivamente entregado por la Federación. Advierte que asignar una cantidad mayor violaría el marco legal vigente y responsabiliza a la SEP de regularizar primero la aportación federal. Este enfrentamiento, calificado como inédito por expertos, podría escalar a un litigio constitucional ante la Suprema Corte si no se alcanza un acuerdo en las próximas semanas.
