Convertirse en madre es, para algunas mujeres, uno de los mejores días de su vida. Para otras, implica tomar una de las decisiones más difíciles: despedirse de sus pequeños hijos y perderse parte de su desarrollo. Ésta última es la realidad de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad en México.
"Se vive triste, es difícil, duro, depresivo y desesperante porque no podemos estar con nuestros hijos", dice una mujer que enfrenta un proceso judicial en Sonora al ser cuestionada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre cómo es ser madre desde prisión.
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De acuerdo con datos del Inegi, al cierre del 2023 había 223 mil 173 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios estatales y federales de los cuales el 94.3% fueron hombres y el 5.7% mujeres.
El bajo porcentaje que representa la población femenil al sistema penitenciario mexicano ha hecho de sus centros entornos vulnerables para ejercer la maternidad, una situación que diversas organizaciones civiles y organismos autónomos como la CNDH han buscado resarcir.
¿Cómo se vive la maternidad desde la prisión?
"El impacto que tiene que una mujer esté en la cárcel va mucho más allá de solamente su vida y su historia", reflexionó en entrevista con MILENIO Mercedes Becker, psicóloga y cofundadora de la organización civil La Cana.
La cercanía que Mercedes y sus socias han tenido con la población femenil privada de la libertad en la Ciudad y el Estado de México, así como en Querétaro, Monterrey, Cancún, Guadalajara y Tlaxcala, les ha permitido atestiguar no sólo las condiciones endebles en la que las mujeres viven sino también, las múltiples adversidades y consecuencias que sus hijos enfrentan dentro de los centros penitenciarios en México.
Estimaciones de la CNDH apuntan que, hasta 2022, el 85% de las mujeres que se encontraban en centros de reclusión son mamás. Dicho porcentaje se divide entre aquellas que tuvieron que separarse de ellos al momento de su ingreso a prisión, las que los tuvieron dentro del centro penitenciario y tuvieron que sacarlos y las que aún los tienen junto a ellas.
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En cualquiera de los casos, las necesidades para ejercer la maternidad de una forma digna y segura para las infancias son distintas. Por ejemplo, en el primer caso, una de las principales preocupaciones recae en que la mayoría de las madres privadas de la libertad son, al mismo tiempo, el principal sustento económico de su familia.
La insuficiencia o inexistencia de oportunidades laborales dentro de prisión dificulta a las madres no sólo su reinserción social sino la misma manutención de sus hijos o hijas. A este factor se suma el rol de cuidadoras o protectoras, el cual suele quedar en manos de otras mujeres que se hacen cargo de sus descendientes fuera de prisión.
"En el caso de los niños o niñas que fueron separados, la responsabilidad se transfiere de manera general por la familia con la que se quedan y otros son institucionalizados. En ambos casos el Estado Mexicano no pierde su responsabilidad de garantizar su cuidado y protección, así como de proporcionar información sobre las condiciones en las que se encuentran a su madre. Sin embargo, la realidad es que en muchos casos sus madres no vuelven a saber de ellos", reza en un diagnóstico realizado por la CNDH en 2022.
En el caso de aquellos que quedan bajo cuidado de sus familiares, el informe del organismo autónomo señala que son principalmente las abuelas quienes asumen la responsabilidad, le siguen los papás, las tías, los abuelos, las hermanas mayores, entre otros.
Aún así, el tema de las visitas para las madres privadas de la libertad es complicado pues, en algunos centros penitenciarios, el tiempo que se les da de convivencia es limitado, además de que también les restringen el número de personas que pueden ingresar.
"La maternidad en la cárcel es extremadamente solitaria. Muchas veces las mujeres no tienen visita, no tienen a poder ver a sus hijos y a sus hijas. Las que tienen a sus hijos e hijas adentro tampoco tienen visitas del exterior para poder pues compartir momentos, dinámicas, se va volviendo muy difícil", abundó Mercedes Becker en entrevista con MILENIO.
Espacios hechos por y para hombres
Cristina tenía apenas unas semanas de enterarse que estaba embarazada de su tercer hijo cuando fue detenida y golpeada por un grupo de policías.
Malestares físicos y hormonales además de la angustia de haber dejado a sus otros dos hijos bajo el cuidado de sus padres —con quienes no llevaba una buena relación— fueron los factores que Cristina atravesaba al tiempo que enfrentaba su proceso judicial.
La falta de chequeos médicos, ultrasonidos, vitaminas y una mala alimentación hicieron de la gestación de aquella madre un proceso duro. Su hijo nació en condiciones complicadas y permaneció dentro del centro penitenciario durante cinco meses.
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Aunque su nombre es ficticio, la historia de Cristina forma parte de los casos de éxito que La Cana ha tenido para apoyar a mujeres privadas de la libertad pues, tras su salida de prisión, le proporcionaron las herramientas psicológicas, jurídicas y laborales necesarias para poder reconstruir tanto su entorno familiar como su propia vida.
El apoyo de la organización civil le permitió a Cristina cambiar el rumbo de su vida, sin embargo, dentro de los centros penitenciarios femeniles y mixtos de México, el riesgo continúa siendo latente para las mujeres toda vez que no cuentan con políticas y acciones con perspectiva de género.
Al representar menos del 6% del total de la población privada de la libertad en México, los centros de reinserción social carecen de espacios que se adecuen a las necesidades de las mujeres y las infancias.
"Las cárceles mixtas son cárceles varoniles en donde agarran un módulo y ese módulo lo segregan y lo hacen para mujeres. Entonces, las mujeres están en una cárcel para hombres pero en un módulo específico para ellas en donde no tienen a la mayoría de las cosas. A aulas educativas, naves industriales, áreas verdes, muchas veces ni a la cocina o al área médica porque no las pueden compartir con la población varonil", explicó a este medio la psicóloga y activista Mercedes Becker.
La falta de espacios dignos y aptos no sólo afecta a las mujeres que esperan la resolución de su proceso judicial o que cumplen una sentencia, sino también a sus hijos que acuden a visitarlas o que viven sus primeros años de vida con ellas dentro de los centros penitenciarios.
"Las estancias no están habilitadas para una embarazada, las bancas están muy incómodas, hay personas que duermen en el piso por exceso de personas y pudieran ocurrir accidentes. No hay ventilación, tengo una compañera en celda embarazada y no le dan alimento suficiente ya que la comida es pésima", reza un testimonio de una mujer privada de la libertad en un Cereso de Puebla recuperado por la CNDH.
A La Cana han llegado historias también de mujeres que dieron a luz a sus hijos en sus celdas luego de que autoridades penitenciarias no les creyeran que habían entrado en labor de parto. Al entorno vulnerable se suman la falta de condiciones de higiene, de espacios para la lactancia y de atención médica y alimentación para los mismos recién nacidos o bebés.
"Los centros penitenciarios están hechos de hombres para hombres, no están pensados en las necesidades que tienen las mujeres. La atención que se necesita, el tipo de condiciones, de espacios, son distintas porque tenemos distintas necesidades. Tenemos que generar espacios que tengan perspectiva de género [...] es fundamental, no solamente por los derechos de las mujeres sino también por los derechos de las niñas y los niños que nacieron en estos contextos”, abundó Mercedes Becker.
Infancias: el daño colateral
Durante sus primeros años de vida, las y los niños suelen absorber información que es fundamental para su desarrollo a través de la estimulación de colores, texturas y el o con el mundo exterior. Poco a poco los infantes se familiarizan con su entorno, aprenden del lenguaje y de conductas, por lo que su estadía en la cárcel durante este proceso no es precisamente el ideal.
Niños durmiendo en el piso o viviendo en la misma celda en donde alguna compañera de sus madres consume drogas, es parte de la realidad que los menores viven dentro de prisión y que se liga a las condiciones vulnerables en la que se encuentran algunos de los centros de reinserción social del país.
Los niños y niñas tienen permitido permanecer junto a sus madres dentro de los centros penitenciarios hasta los tres años de edad. Una vez cumplida esa edad, las mujeres son separadas de los infantes, los cuales quedan al cuidado ya sea de algún familiar o son canalizados a alguna institución gubernamental.
Para la mayoría de las madres, este proceso suele ser tan doloroso que deriva en depresiones lo suficientemente severas como para mermar su salud mental y física. No obstante, también para los infantes el impacto tiene múltiples y adversas consecuencias.
“A veces es también muy abrupto porque lo único que conocían la mayoría de las veces es a su mamá y a esa cárcel entonces el impacto emocional puede ser sumamente fuerte y contrastante. Hacen falta mucho esos programas donde se pueda hacer ese tipo de sensibilizaciones, en donde la exposición al exterior vaya siendo gradual”, puntualiza la cofundadora de La Cana, Mercedes Becker.
La fractura de ese vínculo emocional y la ausencia de una figura materna en la vida de las y los infantes es también uno de los retos a los que las mujeres se enfrentan en su reinserción social.
Según la CNDH, los rangos de las edades de los hijos e hijas de las mujeres privadas de la libertad más jóvenes oscilan entre los 10 meses y hasta los 12 años de edad al momento que ellas ingresan a prisión. Dependiendo de sus sentencias o casos, muchas llegan a salir de los centros penitenciarios cuando sus hijos ya son adolescentes.
Factores como ese dificultan las dinámicas familiares una vez que las mujeres salen de prisión además de que, en ocasiones, existe un resentimiento no siempre consciente de parte de los hijos o hijas por el abandono que vivieron.
Los infantes que nacieron en prisión o que tuvieron a su madre privada de la libertad también suelen sufrir discriminación, toda vez que el estigma dicta la forma en como parte de la sociedad los trata ante la desprotección que viven.
Con dicho precedente, resulta de suma importancia que dentro de la reinserción social se le dé un seguimiento puntual a las familias que son separadas y que se garantice la seguridad de los menores una vez que salgan de los centros penitenciarios.
Desde La Cana, Mercedes Becker y sus socias continúan impulsando programas que apoyen a las mujeres privadas de la libertad no sólo a salvaguardar sus derechos humanos sino también a proporcionarles las herramientas necesarias para impulsar su reinserción social.
En tanto, desde los centros penitenciarios miles de mujeres esperan la oportunidad de celebrar un Día de las Madres de una forma digna y con la esperanza de algún día volver a reunirse con sus hijos, más allá de una corta estadía de visita.
ATJ
