Durante el último año, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) puso en marcha tres operativos que los han convertido en insignia, se trata de el “Bastión”, dedicado a desarmar inmuebles vinculados con la delincuencia organizada; “Enjambre”, enfocado a detener servidores públicos vinculados con estructuras criminales y el “Atarraya”, cuyo objetivo es disminuir las estructuras financieras de diversas agrupaciones.
Estos tres operativos fueron desarrollados desde noviembre del año pasado y todos se han dado resultados, destacó el fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, en el marco de la entrega de su tercer informe de gestión que abarca el periodo del 1 de abril del 2024 al 31 de marzo de 2025.
Quintan inmuebles a la Familia Michoacana; tres ya están en propiedad del estado
El “Operativo Bastión” fue una estrategia operativa que tuvo como propósito asegurar inmuebles que estarían relacionados con los hermanos Hurtado Olascoaga, José Alfredo, alias El Fresa, y Johnny, alias El Pez, líderes del cártel de la Familia Michoacana. De 21 ranchos, por lo menos tres ya están en propiedad del estado a través de diversos litigios.
La autoridad explicó que todos estos inmuebles que contaban con excentricidades desde piezas de madera, arte fino, muebles de diseñador y amenidades como canchas de tenis, lagos artificiales, entre otros, habrían sido construidos en predios de carácter irregular en los municipios de Amatepec, Luvianos, Sultepec, Tejupilco, Temascalcingo, Tlatlaya, en donde se presume que autoridades y líderes ejidales, dieron facilidades a integrantes del crimen organizado.
De los 21 ranchos asegurados, por lo menos 3 ya se encuentran en propiedad del Estado de Mexicano. Dos están ubicados en el municipio de Tlatlaya y son el “Rancho Ancón de la Presa” y “Las Canchas”; mientras que el tercero es “Los Pinos”, ubicado en San Pedro Limón.
Se presume que todos estos inmuebles fueron construidos con dinero de procedencia ilícita y resultado de las actividades de este grupo criminal, además de que aparentemente estarían bajo prestanombres que trabajarían de manera directa con diversos líderes del cartel michoacano.
Operativo Enjambre suma 53 detenidos vinculados con el crimen; la mayoría eran servidores públicos
El “Operatvio Enjambre” tiene ya 53 personas detenidas y vinculadas a proceso por su posible participación en diversos delitos, entre ellos, extorsión en varias modalidades, secuestro exprés, homicidio y robos. De estos detenidos, más de 30 serían servidores públicos relacionados con ayuntamientos.
La estrategia operativa comenzó a partir de abril de 2024, luego de que elementos de la fiscalía estatal identificarán una serie de pozos en el municipio de Nicolás Romero y al interior localizaran 10 cuerpos. Tiempo después se supo que la policía municipal y algunos mandos estarían relacionados con el hecho, además de que tendrían vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Este golpe dio paso a que se investigaran a otros directores de Seguridad Pública de diversos municipios, ex presidentes, alcaldes, directores de área y otros funcionarios, principalmente de orden municipal, los cuales tendrán relación con diversos hechos delictivos o bien, formarían parte de alguna expresión criminal.
Desde noviembre hasta marzo, cayeron los servidores públicos y a cada uno se le acreditó su responsabilidad, así como los nexos que podría tener con diversas agrupaciones, una estrategia que fue reconocida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Siguen sin reclamar 354 negocios asegurados del “Operativo Atarraya”
Otra de las estrategias que se implementó fue el “Operativo Atarraya” el cual fue en contra de bares, chelerías y diversas estéticas o barberías. La hipótesis de la autoridad es que en estos centros había delitos como extorsión, secuestro y venta de drogas, además de que aparentemente serían puntos de reunión de integrantes de la delincuencia organizada y, sobre todo, fuentes financieras activas.
Durante el último semestre, fueron asegurados 443 inmuebles diversos, de los cuales, 354 continúan asegurados por la autoridad, es decir, no hay alguna persona que pueda acreditar la propiedad de los espacios o su operatividad.
En este último golpe fueron 55 municipios de todo el territorio estatal los que experimentaron el cierre de estos giros, los cuales se presume serían fuentes de financiamiento o de operación de múltiples expresiones criminales y que hasta la fecha continúa con su investigación y la recuperación de diversos indicios.
LG
