El gobierno de Estados Unidos formalizó por primera vez cargos de narcoterrorismo contra integrantes de un cártel mexicano. En el centro de las acusaciones se encuentra Pedro Inzunza Noriega, identificado como uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa y con fuertes vínculos con la facción de los Beltrán Leyva.
De acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), Inzunza Noriega encabezó durante más de una década una red dedicada al tráfico de drogas, el lavado de dinero y actos de terrorismo relacionados con el narcotráfico.
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De lavador de dinero a líder criminal
Pedro Inzunza Noriega, también conocido como El de la Silla, comenzó su trayectoria delictiva como enlace financiero entre grupos del crimen organizado y estructuras de lavado de activos en México y Estados Unidos.
De acuerdo con la acusación presentada el 10 de mayo de 2025 en una corte federal de Nueva York, su rol evolucionó hacia el liderazgo operativo y logístico de una célula criminal dedicada a la importación y distribución de drogas, principalmente metanfetamina, cocaína y fentanilo.
El expediente judicial señala que Inzunza Noriega operaba desde México, pero tenía bajo su mando a intermediarios y transportistas en territorio estadunidense, utilizando empresas fachada y esquemas de contrabando altamente organizados.
Su estructura también participaba en el cobro de extorsiones, el uso de violencia armada y el financiamiento de ataques contra autoridades rivales o grupos adversarios.
Cargos por narcoterrorismo
Junto con su hijo, Pedro Alfonso Inzunza Loaiza, el acusado enfrenta múltiples cargos federales, incluyendo:
- Conspiración para manufacturar y distribuir drogas ilícitas.
- Conspiración para importar fentanilo, cocaína y metanfetamina.
- Lavado de dinero internacional.
- Participación en actos terroristas relacionados con el narcotráfico.
El DOJ calificó las acciones de ambos como parte de un patrón de “terrorismo narcótico”, término con el que busca tipificar la violencia ejercida por grupos criminales con fines de intimidación, control territorial y desestabilización institucional.
“Los perseguiremos hasta que en última instancia encuentren su destino en una sala del tribunal en el Distrito sur de California”, aseguró Victor Cuén, fiscal auxiliar ejecutivo del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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Con información de Ángel Hernández
MO
