El Tribunal Electoral confirmó la omisión legislativa del Congreso de la Unión para garantizar los derechos político-electorales de las personas con discapacidad para votar y ser votados, por lo que vinculó a las y los legisladores para que a más tardar 90 días antes de que inicie el proceso electoral del 2024 emitan las leyes sobre este tema.
El proyecto del magistrado Felipe Fuentes que fue calificado como “histórico” ordena que el Congreso de la Unión legisle para que garantice que en el próximo proceso electoral federal, las personas con discapacidad tengan garantizados sus derechos de votar y ser votados.
La magistrada Mónica Soto votó en contra del proyecto al considerar que el tribunal excede sus facultades, a pesar de que el magistrado Fuentes replicó con el ejemplo de a sentencia en la que, en los mismos términos, esta misma sala también vinculó al legislativo para emitir leyes para acciones afirmativas de paridad, de lo que la magistrada es una de las principales impulsoras.
La sentencia indica que el Congreso debe “implementar las medidas legislativas y mecanismos necesarios para garantizar los derechos político-electorales de las personas con discapacidad a votar y ser votados, desempeñar cualquier función pública, participar en la dirección de los asuntos públicos y a ser designadas o elegidas para integrar algún órgano representativo”.
Además de que, para generar estas leyes, deben garantizar el derecho de las personas con discapacidad para que se les consulte antes de que se aprueben.
Para esto, el Instituto Nacional Electoral debe proporcionar al legislativo los estudios y análisis que han realizado para las acciones afirmativas referentes a las personas con discapacidad.
DMZ
