La Profepa emprendió, por primera vez en su historia, la revisión de los auditores independientes a los que las empresas contratan para acompañar su proceso de verificación de cumplimiento de la normatividad ambiental. Actualmente hay 64 auditores autorizados en el listado que maneja esta Procuraduría.
En el informe de diagnóstico ambiental que se elaboró y presentó en representación de Zinc Nacional S.A., empresa que intentaba renovar su certificado ambiental en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) de la Profepa durante el periodo 2024-2026, se detectó inconsistencias que requieren una verificación adicional para determinar su legalidad.
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“Derivado de dicho proceso de inspección, la petición para renovar el certificado ambiental de la empresa Zinc Nacional en el marco del PNAA no procedió”.
Los auditores ambientales son contratados por las empresas para realizar actividades de verificación del cumplimiento de la normativa ambiental. Tienen la responsabilidad de presentar información veraz y rigurosa sobre el desempeño de las empresas auditadas; esto es crucial para que la Profepa determine si se otorga o no el certificado ambiental correspondiente.
En el caso de la empresa referida, es importante recordar que está en un proceso de inspección industrial que comenzó en los primeros meses de este año y, en el marco del mismo, está llevando a cabo diversas medidas para cumplir con la legislación ambiental y mejorar su desempeño ambiental.
La Procuraduría reafirmó su compromiso con el cumplimiento de la ley en la implementación de los procesos de auditoría ambiental, en beneficio de la sociedad y del medio ambiente.
“Nos tomamos muy seriamente los procesos de certificación y auditoría ambiental que impulsamos desde la Profepa para que las empresas tomen todas las medidas necesarias para cumplir la legislación ambiental e ir más allá con la adopción de buenas prácticas ambientales. Para que este proceso realmente le garantice a la ciudadanía que una empresa certificada es segura para el ambiente, vamos a vigilar el trabajo de los auditores y vamos a verificar los procesos de aprobación. El objetivo es la prevención en materia de daños al ambiente”, explicó la procuradora federal de protección al ambiente, Mariana Boy Tamborrell.
CHZ
