Nicolás Pérez Ponce, presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío, advirtió que en Guanajuato operan alrededor de 3 mil centros de rehabilitación, de los cuales solo mil cuentan con los permisos necesarios. El resto, más de dos mil espacios funcionan en la clandestinidad, sin supervisión ni condiciones mínimas para la atención de personas con problemas de adicciones.
Uno de estos centros es el anexo “Volver a Vivir 24 Horas A.C.”, el cual, de acuerdo con Pérez Ponce, no contaba con el permiso de uso de suelo, ni cumplía con los estándares básicos para operar.
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“Claro que no. No, no tenía el permiso de uso de suelo. Por ahí ya nos llegó el informe de que los muchachos estaban en un área donde los tenían bajo candado. Todas estas situaciones son muy tristes”, lamentó.
Según el líder de la asociación, este tipo de lugares vulneran los derechos de los internos, ya que no tienen protocolos, personal capacitado ni infraestructura adecuada.
"Sí, pues son demasiados, yo creo que más de la mitad Pues mira, nosotros planteamos que en el estado hay unos 3 mil centros de rehabilitación y yo creo que con unos 2,000 no más, no más están clandestinos", afirmó.
Pérez Ponce también criticó la falta de atención por parte del gobierno estatal ante la problemática, y señaló que no ha sido escuchado a pesar de haber solicitado reuniones para exponer la situación.
"Y el gobierno pues hace su trabajo de que sí te ayudo pero no te ayudo ¿Entiendes? O sea, si te dicen no, no nos dicen que no porque yo tengo gestionado una reunión con la gobernadora casi desde que agarró el puesto Y desde mucho antes, desde mucho antes yo me quería sentar con el gobernador (Diego Sinhue) para explicarle la situación y lamentablemente, bueno, no hemos sido escuchados", concluyó.
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Con más de 20 años en este sector, Pérez Ponce enfatizó que la regulación y supervisión de los centros de rehabilitación no debe seguir posponiéndose, pues la omisión ha generado consecuencias graves, como casos recientes de violencia, abusos e incluso muertes dentro de algunos de estos espacios.
Finalmente, Nicolás Pérez hizo un llamado a las autoridades para que, además de reforzar la vigilancia, impulsen una estrategia de atención integral que combine prevención, salud mental, derechos humanos y rehabilitación efectiva, sin criminalizar a los s ni permitir la proliferación de anexos irregulares.
