Este jueves 29 de mayo, el Congreso del Estado de Guanajuato debatirá uno de los temas más controversiales y socialmente polarizados de los últimos años: la despenalización del aborto. En una sesión que promete ser histórica, diputadas y diputados someterán a votación el dictamen emanado de la Comisión de Justicia para despenalizar el aborto voluntario en la entidad en un contexto de intensa presión social, movilizaciones simultáneas y llamados a la conciencia por parte de organizaciones civiles.
La votación se centrará en la modificación o no del código penal local para armonizarlo con el federal, una medida que, de lograrse, colocaría a Guanajuato en la lista de 24 entidades que han avanzado en el reconocimiento legal del derecho a decidir. Sin embargo, la correlación de fuerzas en el Congreso local es sumamente cerrada, y el futuro de la iniciativa depende de un solo voto.
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Se necesita la mitad de votos más uno
Para que la iniciativa de despenalización avance, se requiere alcanzar la mayoría simple: la mayoría de votos más uno a favor de los 36 diputados que conforman el Congreso local. Actualmente, la oposición —integrada por Morena (11 votos), Partido Verde (2), Movimiento Ciudadano (2), PRI (2) y Partido del Trabajo (1)— suma 18 votos a favor.
El voto decisivo está en manos de la diputada priista Rocío Cervantes Barba, quien ha declarado tener una postura "provida", pero también se ha mostrado contraria a criminalizar a las mujeres. Su decisión será determinante.
En caso de que Cervantes Barba vote en contra o se abstenga, se generaría un empate de 18 a 18 votos. De ocurrir esto, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato establece que la votación deberá repetirse en la siguiente sesión ordinaria.
Si el empate persiste, el asunto se pospondrá hasta el siguiente periodo legislativo, que inicia en septiembre, lo cual dilataría el avance de la agenda de derechos reproductivos. Si no se rompe el empate, la propuesta se archivaría de manera definitiva.
Durante la sesión del jueves se prevé también la discusión de una propuesta de Movimiento Ciudadano para brindar en escuelas públicas y privadas de manera obligatoria Educación Sexual Integral, y de Salud Reproductiva, ello con la finalidad de evitar embarazos adolescentes o no deseados.
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Cabe destacar que, dicha propuesta ya fue avalada en sentido positivo por todas las fuerzas políticas, y se prevé su aprobación.
El peso de la presión social y las movilizaciones
Mientras las y los legisladores se preparan para votar, el clima social en Guanajuato se ha cargado de tensión, pues colectivos feministas han impulsado campañas de firmas digitales, actividades de visibilización y protestas públicas para exigir que el Congreso legisle a favor de los derechos de las mujeres.
En contraste, agrupaciones como el Frente Nacional por la Familia han convocado jornadas de oración, caravanas y concentraciones para manifestarse en contra de la despenalización.
En Guanajuato 85 asociaciones provida han reunido 18 mil firmas digitales las cuales serán entregadas a los diputados como un mecanismo de presión social, con el objetivo de visibilizar su postura ciudadana. En un Congreso tan dividido, estas acciones sociales pueden ser decisivas para inclinar la balanza.
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Una votación con repercusiones nacionales
La discusión en Guanajuato no solo representa un parteaguas en el estado, sino que también es observada a nivel nacional. En los últimos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido resoluciones que avanzan hacia la despenalización del aborto en todo el país, pero la modificación de los Códigos Penales de los Estados sigue dependiendo de los congresos locales.
Si Guanajuato aprueba la despenalización este jueves, se sumaría a una lista de 24 entidades federativas que han armonizado sus leyes con el criterio constitucional de protección de derechos humanos.
Mientras tanto, todas las miradas están puestas en el Congreso de Guanajuato y, particularmente, en una sola diputada cuyo voto podría cambiar el rumbo legislativo del estado.
