En el estado de Guanajuato se han documentado al menos 370 casos de menores de edad, principalmente jóvenes de entre 12 y 15 años, que fueron utilizados por grupos delictivos para la venta de drogas. Tras ser detenidos, estos menores fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.
Se trata de niños y adolescentes que, en lugar de estar jugando, estudiando o practicando algún deporte, fueron reclutados por el crimen organizado para actividades de narcomenudeo.
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Así lo revela un documento obtenido a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el que la Fiscalía de Guanajuato detalla que, entre 2016 y finales de 2024, un total de 370 menores fueron presentados ante las autoridades por delitos relacionados con la venta de drogas. Esta cifra representa un promedio de 61 menores por año.
Organizaciones civiles, como Reinserta, han alertado sobre este fenómeno social, señalando que en México más de 40 mil niñas, niños y adolescentes son reclutados cada año por el crimen organizado, principalmente para labores de halconeo y narcomenudeo. En los casos más graves, incluso son entrenados para realizar tareas como sicarios.
De acuerdo con el documento “Mecanismos estratégicos de reclutamiento y utilización de NNA por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada en zonas de alta incidencia delictiva en México”, publicado por Reinserta en 2024, son 18 los estados del país con mayor riesgo de reclutamiento infantil por parte de cárteles, ubicándose Guanajuato en el sexto lugar a nivel nacional.
Ante esta situación, el pasado 4 de abril, diversos activistas exigieron desde el Senado de la República que se tipifique el delito de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado dentro del Código Penal. Aunque en Guanajuato ha habido diversas propuestas de reforma en el Congreso local, hasta ahora no han prosperado.
Cabe señalar que en Guanajuato la Ley de Justicia para Adolescentes establece el marco legal para el sistema integral de justicia penal juvenil. Si, tras el proceso judicial correspondiente, un menor es encontrado responsable de algún delito, es ingresado al Centro de Internamiento Especializado, donde se trabaja en su reintegración social, familiar y educativa.
