Diputados locales reformaron la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo para implementar como obligación de los conductores de los vehículos de los servicios de transporte, colaborar y brindar apoyo al primer respondiente o autoridad, ante cualquier hecho probamente constitutivo de delito en el que se encuentren involucradas mujeres o niñas.
De acuerdo con la aprobación realizada en la sesión del martes, se tendrá como la obligación de los concesionarios y permisionarios, contribuir en el acompañamiento en los casos reportados de acoso y violencia sexual en el transporte público, además de prevenir acciones que generen violencia contra las mujeres por parte de la secretaría como son los procesos de capacitación y certificación, protocolos y condiciones de infraestructura que procuren espacios seguros que puedan disuadir o evitar la generación de violencia contra las mujeres en el espacio público o en el transporte público.
Según los datos presentados en tribuna, 30% de las usuarias de servicios como Tuzobús, URVAN y taxi metropolitano informaron haber experimentado algún tipo de violencia sexual, incluido el acoso, según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de Inegi (ENVIPE, 2021).
Los datos indican que el delito más común tanto para hombres como para mujeres es el robo o asalto en la calle o en el transporte público, con 22.5 por ciento.
Además, el 60% de los casos de acoso sexual ocurren en vehículos de transporte público, siendo las mujeres las principales víctimas, representando 90% de los incidentes, entre las cuales el 40% son menores de 15 años de edad.
“Se debe colaborar y brindar apoyo al primer respondiente y autoridad, ante cualquier hecho probablemente constitutivo de delito en el que se encuentren involucradas mujeres o niñas, así como facilitar los datos o medios de prueba que contribuyan a la investigación, bajo los principios de celeridad, no victimización y respeto a los derechos humanos de las víctimas”, señalaron en tribuna los diputados locales.
Entre los lineamientos que por ley deben acatar los conductores del transporte y sus patrones, están el contribuir en el acompañamiento en los casos reportados de acoso y violencia sexual en el transporte público; realizar con otras dependencias campañas de prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público; implementar procesos de capacitación y certificación en la sensibilización, prevención y atención del acoso sexual en el transporte público.
“El acoso sexual en el transporte público es una forma alarmante de violencia de género que afecta desproporcionadamente a mujeres y personas de géneros marginados. Se manifiesta de diversas maneras, desde comentarios sexuales no deseados y miradas lascivas hasta tocamientos indebidos o situaciones de acecho.
Este tipo de acoso crea un entorno de inseguridad y vulnerabilidad para las víctimas, dificultando su a servicios básicos y su participación plena en la vida pública”, finalizaron los legisladores en su exposición de motivos.
