Madres cuidadoras mexicanas alzaron la voz ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar el abandono institucional que enfrentan miles de familias que cuidan a niñas y niños con discapacidad en México. A través del informe Cuidar y recibir cuidados es un derecho, evidenciaron la falta de apoyo estatal y la sobrecarga emocional, física y económica que recae casi exclusivamente en las mujeres.
El informe, presentado por colectivos de cinco estados —Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Coahuila y Guanajuato— reúne los testimonios de 38 familias que narran las múltiples barreras para acceder a servicios de salud y educación. Las autoras del documento exigieron que el derecho al cuidado sea reconocido y garantizado mediante una ley nacional y políticas públicas integrales.
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Falta de a medicinas y discriminación
En Jalisco, una de las entidades con mayores rezagos, las principales carencias se concentran en la atención médica y educativa. Aunque existen leyes que reconocen estos derechos, en la práctica las familias enfrentan un “peregrinaje institucional” para obtener diagnósticos, terapias y medicamentos. El efectivo a estos servicios, denunciaron, sigue dependiendo de la vía judicial o del pago en instituciones privadas.
“Hoy se nos notificó una sentencia favorable en el caso de mi hijo. El IMSS deberá otorgarle las terapias que le había negado durante meses, argumentando que ya recibía atención médica. Esto solo fue posible por un proceso legal”, relató Cinthia Ramírez Fernández, madre de un niño con autismo y abogada.
Los costos también se han vuelto inasumibles para muchas familias. Medicamentos psiquiátricos esenciales para tratar el autismo infantil pueden superar los mil quinientos pesos, y en algunos casos se requieren hasta diez fármacos distintos. “Hay familias que deben decidir qué medicamentos comprar, porque no pueden costearlos todos. Es una tragedia que refleja cómo se ha mercantilizado el derecho a la salud”, advirtió Aurora Ville Rodríguez, también madre cuidadora.
En el ámbito educativo, las familias denunciaron prácticas discriminatorias. Aunque existen programas de inclusión, muchas escuelas siguen canalizando a las niñas y niños con discapacidad hacia la educación especial. Ante la falta de apoyos institucionales, las familias deben cubrir gastos de monitores y servicios adicionales, lo que incrementa la carga económica y emocional sobre las cuidadoras.
De acuerdo con Leonardo Roldana-Royo, psicólogo y estudiante de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO, el 53 por ciento de los cuidados los asumen madres o hijas, y apenas el 19 por ciento recae en las parejas. Las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales a estas tareas, frente a las 26 horas de los hombres, lo que perpetúa las desigualdades de género.
Durante la presentación del informe, se subrayó que México no cuenta con una ley nacional que reconozca el derecho al cuidado, pese a que desde hace años se han presentado iniciativas para crear un sistema nacional de cuidados
SRN
