Pese a las advertencias de la oposición sobre el riesgo de espionaje y uso indebido de los datos personales y biométricos de los ciudadanos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 330 votos a favor y 129 en contra, la iniciativa de Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.
El nuevo ordenamiento, enviado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación, prevé suprimir, simplificar, digitalizar y homologar trámites de los tres órdenes de gobierno, a fin de reducir costos burocráticos y actos de corrupción.
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Para ello prevé la creación del Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios, en el que se podrán iniciar los trámites vía digital mediante el uso de la Llave MX, vinculada a la CURP, como mecanismo de autenticación e identificación.
Oposición advierte espionaje digital
Los grupos parlamentarios del PAN, PRI y MC alertaron, sin embargo, sobre el control que la ley dará a la Agencia Nacional de Transformación Digital sobre los datos de las personas.
El pleno itió la propuesta de modificaciones a siete artículos presentadas por el coordinador morenista, Ricardo Monreal, para que las recomendaciones de la autoridad nacional en materia de simplificación de trámites sean de acatamiento obligatorio para las dependencias del gobierno federal, pero no para estados y municipios.
“Proponemos que las recomendaciones que emita esta autoridad nacional sean obligatorias únicamente para la istración pública federal, (mientras) para las entidades federativas y los municipios deben ser orientadores, no imposiciones de ningún tipo de disfraz”, expuso el legislador.
Durante la discusión en lo general y al fijar la posición del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez afirmó que la nueva ley no es de simplificación ni de eliminación de trámites burocráticos, sino de control, de manipulación y de espionaje digital.
“No podemos permitir el control sin medida de los datos de empresas y de los datos de todos los mexicanos en manos, por cierto, de una sola persona.
“Por eso creemos que esta iniciativa tiene nombre y apellido; esta iniciativa solo pretende empoderar al súper agente del espionaje en nuestro país: Pepe (José) Merino, que será el líder del Big Brother mexicano, de la Gestapo mexicana, una agencia que pretende controlar, manipular y llevar a cabo espionaje en nuestro país”, acusó.
Aquí la declaración:
Por el PRI, el legislador Arturo Yáñez sostuvo que el dictamen representa un paso más hacia el centralismo, atenta contra el federalismo y empodera a una superagencia como una gran acumuladora de datos con facultades absolutistas, sin contrapeso alguno.
“Mientras ustedes presumen transparencia, ocultan verdades sus intenciones bajo discursos de bienestar digital. Y saben bien por qué lo hacen, porque necesitan más herramientas para espiar, para controlar, para condicionar servicios públicos a su conveniencia política”, puntualizó.
Aquí la declaración:
Cerrarle la puerta a la corrupción: Claudia Rivera
No obstante, en representación de Morena, la diputada Claudia Rivera defendió la Ley para Eliminar Trámites Burocráticos, al subrayar que la meta es cerrarle la puerta a la corrupción y reducir 50 por ciento los trámites, requisitos y tiempo de atención, con 300 trámites únicos en los estados y solo cien en los municipios.
“Cada que escucho a la oposición reclamar que vamos muy rápido, me pregunto por qué carambas deberíamos demorar el combate a la corrupción. ¿Será acaso porque estas reformas pretenden acabar con los moches a los que se habían acostumbrado?”, arengó.
Aquí el mensaje:
¿Qué implica la Ley para Eliminar Trámites Burocráticos?
De acuerdo con la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, “en México existen, en promedio, 523 trámites por entidad federativa y 144 a nivel municipal, lo que sugiere que a nivel nacional existen más de 350 mil trámites, un problema que afecta directamente a la población”.
Considera por ello la extinción de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para ser sustituida por la Agencia Nacional de Transformación Digital y Telecomunicaciones como la Autoridad Nacional de Simplificación y Digitalización encargada de supervisar y evaluar, en coordinación con las autoridades locales, los modelos nacionales para eliminar trámites burocráticos, para la digitalización, para la homologación de trámites y servicios, y para la atención ciudadana.
Establece la obligación de un Análisis de Impacto Regulatorio como la herramienta para garantizar que las regulaciones generen el mayor beneficio para la sociedad y el menor costo burocrático posible, además de la mejor alternativa para atender un problema público de manera efectiva.
No obstante, quedarían exentas de dicho análisis los decretos, acuerdos reglamentos y demás disposiciones que emita la persona titular del Poder Ejecutivo en los distintos órdenes de gobierno, así como las iniciativas de leyes que presenten dichas personas.
De igual forma estarían al margen de esa obligación las disposiciones en materia de seguridad nacional, de seguridad pública, fiscal y de servicios públicos, así como aquellas que busquen evitar un daño inminente o bien atenuar o eliminar un daño existente a la salud o bienestar de la población, a la salud animal y sanidad vegetal, al medio ambiente, a los recursos naturales o a la economía o cualquier otro tipo de emergencia.
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