Con el voto en contra de MC, el pleno del Congreso local aprobó abrir a discusión, en primera vuelta, sancionar con hasta nueve años de cárcel y multas de 46 mil pesos por la no publicación de decretos y acuerdos de los legisladores en el Periódico Oficial del Estado (POE).
En sesión ordinaria de pleno se aprobó una reforma al artículo 10, adicionándose un último párrafo al artículo 21, el artículo 49 Bis, y, así mismo se modifica el título de la Ley Reglamentaria del artículo 95 de la Constitución por la no publicación de 95 decretos y 200 acuerdos.
“Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas UMA diarias, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de demandado en la controversia de inconstitucionalidad o en el incidente por incumplimiento”, señala el dictamen.
Además, se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil UMA diaria, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la parte demandada que dolosamente
- I. Incumpla una sentencia de controversia de inconstitucionalidad o no la haga cumplir.
- II. Repita el acto reclamado.
- III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto. Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir la resolución de la controversia de inconstitucionalidad.
Reforma contempla impugnaciones
Dentro de la reforma se faculta para que los órganos constitucionalmente autónomos o los órganos con autonomía jurisdiccional y/o funcional puedan impugnar actos ante la Suprema Corte.
En la discusión, Eduardo Gaona, líder de Movimiento Ciudadano, dijo que es un acto de intimidación porque proponen cárcel y penas mayores, al tiempo que lamentó que el PRI este “engrosando” la Constitución local.
“Quieren meter todo a la Constitución y lo que debe estar en una Ley secundaria de incluirla sin razón en el texto constitucional y es un error de principiantes cuando no se sabe quien meterlo así porque si no está en ella no tiene validez y es lo que piensan los que no saben de derecho constitucional y quiere meter algo que ya está contemplado”, apuntó.
Dijo que históricamente organismos como la Fiscalía General del Estado y el ahora Instituto Estatal Electoral han presentado controversias ante la Suprema Corte, por lo que no vio factible dicho punto.
PAN ve factible sanciones para defender justicia de la Constitución
Eduardo Leal, del PAN, se manifestó a favor de la propuesta del PRI, a fin de que haya sanciones para defender la justicia constitucional local.
“Con la aprobación de este dictamen damos cumplimiento con lo establecido en el artículo 17 de la Constitución política, pues ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para declarar su derecho”, indicó.
Iraís Reyes, también de MC, dijo que se establecen medidas disciplinarias en temas relacionados con controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad y la ley señala la prisión.
“Es toda una locura jurídica porque ya señalamos las penas y lo cual va contra la lógica de lo que se busca, hay una locura porque ya está señalamos todo pues de una vez que pongan la sensación de qué dejes de respirar y de existir con todo esto así de bajo nivel jurídico de este congreso”, apuntó.
PRI señala adecuación de una Ley Reglamentaria
Jessica Martínez, del PRI, aclaró que no están engrosando la Constitución, pues es adecuar una Ley Reglamentaria.
“Se esta generando un profundo cambio en los modelos jurídico, es para fortalecer el Marco normativo se propone establecer dos tipos penales para garantizar a través de medidas para que de manera cabal se cumpla con las sentencias y respectivo es cumplir la ley, a fin de tener mayor certeza en los actos de autoridad o denunciar la autoridad que lo haya desacatado”, señaló.
También aprobaron elevar a rango de delito la desobediencia y sancionar con hasta tres años de cárcel y 9 mil 700 pesos a quien cometa el delito de desobediencia por no publicar reformas y acuerdos aprobados por diputados en el Periódico Oficial.
Además, por mayoría, rechazaron un veto del gobernador Samuel García para avalar para darle facultades a la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades istrativas y atender juicios contenciosos.
Originalmente habían reformado el artículo 25 de la Ley de Justicia istrativa para el Estado y el gobernador vetó esos ajustes, pero fueron superados.
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