La renta de edificios para las unidades istrativas adscritas al Poder Ejecutivo representó para el gobierno del estado un gasto de 172 millones de pesos entre 2024 y 2025. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo del ejercicio fiscal 2024, ese año se destinaron 83 millones de pesos para 154 unidades istrativas. En tanto, en 2025 el pago por arrendamiento se incrementó a 89 millones de pesos, 6 millones de pesos más.
Julio Menchaca, gobernador del estado, envió al Congreso del estado el pasado 9 de abril una iniciativa de reforma al Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo del Ejercicio 2025 para la asignación plurianual, este año y en 2026, de 2 mil 900 millones de pesos para la ejecución del proyecto del Centro istrativo y de Servicios para el Pueblo (CASP), el cual albergará oficinas gubernamentales y áreas de atención ciudadana en las que se centralizarán trámites y servicios, como una estrategia para reducir gastos por arrendamiento.
Subrayó que uno de los mayores retos que enfrenta el gobierno del estado es la optimización de los recursos públicos, particularmente cuando se trata de gastos recurrentes, como el arrendamiento de inmuebles para oficinas y servicios básicos.
Erogaciones
El mandatario precisó que en los últimos 10 años el gasto erogado en arrendamientos, servicios y mantenimiento registró un crecimiento de un 66 por ciento. El costo del arrendamiento de edificios incrementó 46 por ciento, conservación y mantenimiento de inmuebles en 288 por ciento, servicio de energía eléctrica en 172 por ciento y servicio de vigilancia un 109 por ciento.
Menchaca Salazar argumentó en la iniciativa que en la actualidad se cuenta con un esquema de arrendamiento de varios inmuebles, mismo que están dispersos en la zona metropolitana de Pachuca.
"Esta política implementada durante muchos años propició el gasto en renta de oficinas privadas en lugar de asegurar que los ciudadanos puedan acceder fácilmente a los trámites y servicios gubernamentales, y que se atiendan sus necesidades más importantes", agregó.
De igual manera, puntualizó que los inmuebles arrendados no cumplen con los requerimientos de espacio o accesibilidad para una entidad gubernamental, puesto que se trata de brindar atención adecuada a la ciudadanía, lo que representa para el estado realizar erogaciones a fin de acondicionar estos inmuebles propiedad de particulares.
Menchaca Salazar enfatizó que los altos gastos por adecuaciones, mantenimientos y servicios básicos (electricidad, agua, internet, vigilancia, entre otros), incrementan el costo operativo que el gobierno debe afrontar, además la calidad de estos servicios está sujeta a las condiciones del contrato de arrendamiento.
Al respecto, mencionó que estas erogaciones acumuladas representan una parte significativa del ejercicio del presupuesto público, sin considerar su incremento a través del tiempo, debido a factores externos, tal como la inflación, generando, dijo, una dependencia financiera que limita la capacidad de inversión en infraestructura propia.
“Lo anterior también ocasiona molestias en el servicio y la atención que se ofrece a la ciudadanía debido a la constante adecuación y mantenimiento de inmuebles, aunado a los inconvenientes derivados de no contar con un espacio adecuado para realizar trámites y servicios gubernamentales”, añadió el gobernador.
