La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró tres plantas extractoras de aceite de palma y una más en un predio de extracción ilegal de barita como parte de las acciones de inspección y vigilancia de fuentes generadoras de descarga de aguas residuales y en operaciones de extracción minera ilegal.
El pasado 14 de abril, inspectores de la Profepa realizaron una visita de inspección a la empresa denominada Cooperativa Unión de Palmicultores de la Costa de Chiapas, ubicada en el municipio de Acapetahua, donde detectaron que carece de permiso de descarga de aguas residuales, no tienen tampoco especificaciones técnicas del sistema de tratamiento, carecen de informes de monitoreo, no cuentan con medidores y puntos de muestreo y hay infiltración de aguas residuales no tratadas al suelo natural y terrenos aledaños.
Por ello, la Profepa impuso una clausura temporal parcial a la planta extractora de aceite de palma; asimismo se dictaron diversas medidas de aplicación urgente con la finalidad de prevenir riesgos ambientales por el manejo inadecuado de aguas residuales industriales.
En una segunda acción el 15 de abril, la Procuraduría realizó una visita de inspección en materia de descarga de aguas residuales a la empresa Pakal Consultores en Agronegocios del Sureste, ubicada en el municipio de Villa Comaltitlán y encontraron irregularidades como no contar con un permiso de descarga, no presentaron la documentación que acredite el adecuado tratamiento y monitoreo de calidad y volumen de descarga de las aguas residuales, omisiones en el pago de derechos y sus aguas residuales se infiltran al suelo natural.
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— PROFEPA (@PROFEPA_Mx) April 22, 2025
Por lo anterior se impuso la medida de seguridad de clausura temporal parcial de las instalaciones en el área correspondiente a la fuente generadora de aguas residuales.
Asimismo, se le impusieron diversas medidas de aplicación urgente para la reducción del riesgo ambiental.
En una tercera acción, el pasado 16 de abril, inspectores realizaron una visita de inspección en materia de descarga de aguas residuales al establecimiento “Aceitera Chiapaneca La Palma Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada”, ubicado en camino rural al Pataste al Ejido 15 de abril, en el municipio de Acapetahua, Chiapas.
Durante la visita se detectaron irregularidades documentales y en el manejo de aguas residuales generadas. Además, no cuentan con título de concesión, permiso de descarga, no tienen especificaciones técnicas de sistema de tratamiento, ni informes de monitoreo
de aguas tratadas, no presentan los pagos de derechos federales ni cuentan con registros del volumen y calidad de las descargas realizadas entre enero de 2024 y abril de 2025.
Además, se constató que las aguas residuales industriales generadas por el proceso de extracción no están recibiendo el tratamiento adecuado, lo que ha provocado su infiltración y vertido al suelo natural, bajo la laguna de oxidación y en terrenos aledaños.
Ante estos hechos se impuso como medida de seguridad la clausura temporal parcial de las instalaciones, específicamente de la planta extractora de aceite de palma, y dictaminó medidas de urgente aplicación para reducir los riesgos ambientales derivados del manejo inadecuado de aguas residuales.
En estos tres casos, esta Procuraduría dará seguimiento técnico y jurídico al cumplimiento de las medidas impuestas y realizará la integración del procedimiento istrativo para la determinación de responsabilidades y sanciones conforme a la legislación ambiental vigente.
De acuerdo con el artículo 121 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la descarga de aguas residuales sin tratamiento representa un riesgo ambiental significativo. Estos residuos contienen contaminantes como nitrógeno, fósforo, materia orgánica y bacterias coliformes fecales que deterioran la calidad del agua y el suelo, afectan la salud de la población y alteran la biodiversidad y la estabilidad de los ecosistemas.
En una cuarta intervención, y como parte de las acciones para prevenir la extracción minera sin autorización, garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y proteger los ecosistemas forestales de la Sierra-Costa de Chiapas, la Profepa clausuró todas las actividades relacionadas con la extracción de barita en el predio “El Caribe”, ubicado en el municipio de Chicomuselo.
El 14 de abril, la Profepa coordinó un operativo interinstitucional contra la minería ilegal donde participaron elementos de la Guardia Nacional, la Sedena, la Secretaría de Seguridad de la entidad y la policía municipal en el lugar antes mencionado y se constató la extracción de material mineral conocido como barita en una superficie de aproximadamente 180 hectáreas, sin contar con la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales emitidos por la Semarnat.
Por lo anterior, se impuso como medida de seguridad la clausura temporal total del predio inspeccionado; asimismo, se aseguró una máquina empleada en los trabajos de extracción.
La Profepa realizará un procedimiento istrativo e impondrá sanciones conforme a la normatividad ambiental vigente.
La explotación de recursos minerales requiere de una evaluación previa de impacto ambiental y la correspondiente autorización federal, especialmente cuando las actividades se desarrollan en zonas forestales o de alta importancia ecológica.
La minería puede generar afectaciones graves al suelo, cuerpos de agua, flora y fauna, así como al bienestar de las comunidades aledañas.
LG
