El Tribunal Electoral echó abajo las reglas de equidad del INE y aprobó que la presidenta de la República, los gobiernos estatales y municipales, los Poderes de la Unión y cualquier persona servidora pública pueda promover la elección judicial, con la condición de que sólo podrán hacerlo de manera educativa y con la prohibición de mencionar, apoyar o afectar a candidaturas en específico.
“¿Por qué nos parece tan terrible promover el voto de parte de los Poderes de la Unión?, ¿por qué nos parece tan odioso llamar educacionalmente?, creo que corresponde una especie de tabú que viene de nuestra historia, de las elecciones del siglo XX y de este siglo, las etapas de transiciones de los años 90 llevaron a un sistema en el que la organización de las elecciones, completa y total, se le quita al gobierno y pasa al INE.
“Pero ese tabú rige y es obligatorio para los partidos políticos, pero no puede ser el que rija una elección tan diferente y que parte de un principio distinto en el que participan los Poderes de la Unión en la conformación de las candidaturas, no participan los partidos sino los Poderes y por lo tanto, son parte de esta elección”, argumentó el magistrado Felipe de la Mata quien presentó el proyecto que logró la mayoría de votos.
En la sesión pública de este miércoles, de forma poco usual, las magistraturas decidieron dividirse en bloques desde la presentación de proyectos, con lo que desde el inicio estaba clara la mayoría entre propuestas contrarios.
Por un lado, Janine Otálora sumó las impugnaciones de Reyes Rodríguez Mondragón para presentar un proyecto conjunto que buscaba mantener las restricciones que la ley establece y por lo tanto, confirmar las reglas del INE para garantizar la equidad en la contienda, evitando injerencias de gobiernos o Poderes de la Unión.
Y por el contrario, Felipe de la Mata acumuló los asuntos de Mónica Soto y Felipe Fuentes en una propuesta que revocaba las reglas del INE y avalaba la intervención de cualquier gobierno, Poder de la Unión o persona servidora pública, con la condición de que sus mensajes sean meramente informativos.
El bloque mayoritario justificó su decisión al señalar que la elección judicial no puede regirse con las mismas restricciones de una elección ordinaria, que los Poderes de la Unión son parte de este proceso y que la intención de algunas consejerías de “silenciar” va en contra de la democracia, por lo que la intervención de gobiernos y personas del servicio público abonará a la información y a la participación ciudadana.
El proyecto que acumuló más de 30 impugnaciones incluidas las de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, gobernadoras y gobernadores, y la Cámara de Diputados abrió la puerta a que asuman las mismas funciones de promoción del INE, con una serie de condiciones y reglas para evitar que caigan en promociones personalizadas.
“No hay una vía libre respecto a que las autoridades o personas servidoras públicas en general, pueden promover el voto y la participación ciudadana, esto tendrá que hacerse en cumplimiento con los principios de neutralidad, equidad e imparcialidad y sigue estando prohibido que favorezcan o perjudiquen a cualquier candidatura, nada de eso cambia. Se cambia que el INE no sea la única autoridad facultada para llamar al voto y a la educación respecto a una elección totalmente novedosa”, insistió de la Mata Pizaña.
En su explicación, señaló que si bien existen prohibiciones para que intervengan los gobiernos en las elecciones, el proceso judicial tiene una naturaleza diferente.
Leyó la ley y la Constitución en donde se prohíbe el uso de recursos públicos para promover y promocionar la elección judicial, pero consideró que no puede leerse como una prohibición absoluta.
La magistrada presidenta Mónica Soto justificó que no buscaban darle la vuelta a la Constitución ni a la ley, por las prohibiciones que marcan sobre la propaganda y el uso de recursos públicos para promoción, pues señaló que lo que buscan es darle viabilidad a una elección inédita con reglas diferentes a las elecciones tradicionales.
“He leído que dicen ‘¿cómo le va a hacer el Tribunal para darle la vuelta a la Constitución?’ No, no le estamos dando a la vuelta, estamos dando paso y viabilidad a lo que establece la Constitución. Silenciar va en contra de la democracia y pareciera que el INE está buscando llevar una elección silenciosa”.
Incluso, inició con una especie de broma, al señalar que “antes de comenzar mis argumentos jurídicos, voy a decirles un secreto, va a haber elecciones el próximo 1 de junio de este año, pero no se lo digan a nadie”, comentario con el que se lanzó contra la mayoría del Consejo General que aprobó este acuerdo que frenaba la intervención de los gobiernos, pues consideró que pareciera que el INE buscaba imponer que sólo esta institución pudiera hablar de un proceso electoral.
“De manera respetuosa, quiero decir que me siento sorprendida, un poco contrariada en este posicionamiento que se hizo en el INE en la toma de este acuerdo, en donde pareciera que se está buscando llevar una elección silenciosa. No encuentro un fundamento constitucional ni legal y le agrego, ni democrático a los planteamientos del acuerdo del Instituto Nacional Electoral.
“Lo digo con respeto, pero con precisión jurídica, no encuentro sustento de la prohibición, ¿por qué vamos a prohibir hablar de los derechos políticos que tienen las personas ciudadanas mexicanas?, ¿por qué vamos a decidir no sumar sino aumentar el silencio?”.
En lo que también coincidió el magistrado Felipe Fuentes quien sostuvo que el INE “ha excedido sus atribuciones al arrobarse en exclusiva la promoción ciudadana” pues en un proceso inédito, los Poderes de la Unión son parte esencial del proceso.
La prohibición está en la ley, pareciera que la labor del INE es deficiente
La magistrada Janine Otálora fue insistente en que la prohibición de que se usen recursos públicos para promover la elección judicial está “en la ley que aprobaron los propios partidos políticos”, por lo que consideró que avalar la intervención de gobiernos y personas del servicio público es contrario a la ley vigente.
“Este modelo supondría itir que ellas puedan hacer un trabajo más profesional que el propio INE o que asuman que la labor del Instituto es ineficaz e insuficiente y no confían en la autoridad electoral para que realice dichas actividades, lo que evidentemente no es acorde con el modelo que se previó en nuestro orden constitucional”.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón exhibió que incluso, permitir que personas del servicio público promuevan en redes sociales con recursos públicos, incluso lleva a otras contradicciones, como el que a las candidaturas sí se les prohíbe pagar en estas redes pero a los gobiernos sí se les va a permitir.
Sin embargo, nuevamente Otálora y Rodríguez Mondragón quedaron en minoría y se aprobó que cualquier gobierno, desde la Presidencia de la República hasta los municipios, los Poderes de la Unión incluidos los y las legisladores de manera individual, puedan intervenir en la promoción, con condiciones de que no podrán incluir logos o nombres que los identifiquen, para evitar beneficios indebidos a candidaturas impulsadas por estos poderes.
Éstas son las 10 reglas que aprobó el TEPJF para que personas del servicio público y gobiernos promuevan la elección
1.- Solo los Poderes de la Unión y de las entidades federativas, tienen atribuciones para realizar actividades tendentes a la promoción del voto y de la participación ciudadana en el contexto de los actuales procesos electivos, en el ámbito de su competencia. Esto es, los Poderes de la Unión no pueden promover el voto y la participación ciudadana con relación a los procesos electorales locales y, viceversa, los poderes locales no pueden pronunciarse sobre las elecciones federales.
2. Toda promoción y difusión deberá ser imparcial y con carácter institucional, es decir, no debe dar pie a ningún tipo de propaganda personalizada o de proselitismo, ni mencionar a partido político o candidatura alguna, ya sea a favor o en contra de estas.
3. Solo puede tener fines de promoción en la participación en el PEE, así como didácticos o educativos para esclarecer la forma en que se podrá emitir el voto para cada uno de los cargos.
4. En ningún momento se pueden mostrar los nombres o imágenes de las personas candidatas o cualquier referencia que las pueda hacer identificables.
5. De tratarse de spots o propaganda en internet, no puede señalarse el poder u órgano que promueve o emite la comunicación, es decir, los promocionales no podrán contener los nombres, logotipos o colores de la autoridad que lo promueve55; sin embargo, deberán informar al INE qué publicidad corresponde a cada uno de los Poderes de la Unión o de las entidades federativas.
6. Las personas integrantes de los órganos autorizados a promover el voto de los Poderes de la Unión o de las entidades federativas, que a su vez sean candidatas a los diversos cargos de personas juzgadoras, no podrán participar en la propaganda institucional que al efecto se difunda.
7. La única autoridad que podrá mostrar su logo para estos efectos es el INE, y en su caso, los OPLE.
8. Los Poderes de la Unión y de las entidades federativas pueden realizar la promoción de conformidad con lo establecido en la legislación electoral, siempre y cuando no se genere propaganda personalizada.
9. Las personas servidoras públicas podrán promover la elección judicial en sus redes sociales.
10. Las personas legisladoras federales podrán promover la elección judicial en cualquier otro medio que permita comunicar la promoción, siempre y cuando los recursos públicos utilizados estén destinados a la comunicación social con fines constitucionalmente lícitos, sin algún tipo de sesgo o apoyo a determinada candidatura. Las personas legisladoras locales podrán hacer lo mismo en las elecciones de sus entidades federativas.
LG | IOGE
