Al considerar a Tamaulipas como un estado con riesgo “alto a muy alto” de que el crimen organizado pueda ejercer violencia en la elección judicial, México Evalúa advierte la necesidad de crear protocolos altamente focalizados para atender las realidades regionales.
“Es necesario también que no se hiper burocratice la asignación de custodia a los candidatos porque eso amplía la ventana de acción de los delincuentes”, señaló Armando Vargas Hernández, coordinador del Programa de Seguridad del citado organismo no gubernamental.
Apuntó la necesidad de focalizar protocolos con base en indicadores que reflejen realidades por zonas y blindar especialmente aquellas candidaturas que ante campañas proselitistas que se encuentran a la vuelta de la esquina, son más propensas a verse afectadas por la naturaleza del cargo en juego.
- Te recomendamos Pemex suma en todo el país 8 mil pasivos por daños ambientales; alista reparaciones Comunidad
En entrevista telefónica, explicó que Tamaulipas reúne tres factores que sostienen su afirmación: disputas del crimen organizado en algunas regiones, explotación de economías locales (cobro de piso) y un alto número de cargos a elegir pues también se renovará el aparato judicial estatal.
“Cuando hay contextos de conflicto criminal es más probable que los grupos delictivos busquen la cooptación de autoridades para finalmente imponer su hegemonía, es decir, ya no solo están los ejecutivos disponibles, sino principalmente el Poder Judicial, que le va a permitir completar el circuito de impunidad”.
Sobre la explotación de economías locales, Vargas Hernández detalló que se configura cuando las operaciones van más allá del tráfico de drogas o problemas relacionados con mercados ilícitos transnacionales (tráfico de combustibles), donde puede ser muy funcional la ayuda de un juez para ellos.
México Evalúa recomienda que el tema se ponga sobre la mesa y las autoridades reconozcan que hoy las elecciones son un medio para que la delincuencia busque expandir su dominio territorial y alcanzar un mayor grado de impunidad. Por ello, el proceso judicial, expresó, ameritaba no solo una revisión a fondo de los protocolos de seguridad, sino al menos su adaptación al contexto sui géneris.
“Es muy importante que se identifiquen las zonas de mayor riesgo a nivel micro local, pero no con datos de incidencia delictiva tradicionales, sino más bien con aproximaciones alternativas que están más asociadas con este fenómeno como la disputa criminal y el cobro de piso, y se identifiquen los perfiles de candidatos con mayor riesgo de ataques”.
Estos son, abundó Armando Vargas, quienes ven temas de extorsión, impunidad y control de cadenas productivas, entre otros relacionados con las áreas de interés y de negocio de dichos grupos.
Estima que la ubicación geográfica de la entidad, la hace propensa a los riesgos por violencia del crimen organizado, principalmente por su frontera con EU, pero también por su vecindad con estados como Veracruz y Nuevo León, en este último, se han registrado conflictos de inseguridad que los impacta como región.
El especialista mencionó que en violencia político-electoral, si bien Tamaulipas está por debajo del promedio nacional, en el pasado proceso registró 10 incidentes, que no necesariamente fueron atentados, pues incluye también amenazas a candidatos.
México Evalúa se encuentra realizando un análisis sobre la posible intervención del crimen organizado en las elecciones, con base en los monitoreos que llevan a cabo.
“Nosotros partimos del hecho de que los procesos electorales en nuestro país se han convertido en un medio para que el crimen organizado intervenga y amplíe sus redes de impunidad. Esto es un problema que se ha ido recrudeciendo y advertimos con mucho tiempo de anticipación que la elección de 2024 se convertiría en la más violenta de la historia, como finalmente ocurrió”.
Eran, dijo el entrevistado, tendencias contextuales, comportamiento de los datos, “un cálculo matemático muy claro de que eso iba a ocurrir si no se realizaban acciones contundentes para frenar el problema, pero finalmente sucedió”.
“Después de la elección del 2024 hasta este momento, no se ha hecho absolutamente nada para contener la problemática y varios de los factores que propician este problema se han recrudecido en los últimos meses”.
Aclaró que el análisis de riesgo, no significa que necesariamente va a ocurrir, pero sí implica una probabilidad alta de intervención de la delincuencia buscando la cooptación de algunos actores judiciales, “esa es la lógica detrás del análisis”.
“Junto con Tamaulipas también tienen riesgo alto o muy alto Baja California, Chihuahua, Colima, Michoacán, Sinaloa y Veracruz, son los que pensamos que pueden tener el mayor riesgo porque reúnen los citados factores”.
Desde su perspectiva, no funcionan los protocolos tradicionales, porque son muy generales y no acordes al contexto, mientras los focalizados, reconoce, difícilmente contendrán la violencia, pero serán un paliativo ante elecciones muy cercanas.
“Esta elección es sui géneris y el único tema que no se ha discutido en este momento es el de la violencia política que se va a vivir y no todo tienen que ser asesinatos, también va a haber amenazas, extorsiones, secuestros exprés, destrucción de bienes, amenazas familiares, en fin, muchas modalidades para buscar que los candidatos se bajen o que alguno gane”.
Finalizó diciendo que es una lógica política que amerita una revisión e intervención específica, donde “los protocolos que ya existen han demostrado su profunda ineficacia e incluso han fracasado en algunos casos”.
SJHN
