Un Tribunal Federal declaró improcedente e infundado el recurso de queja interpuesto por la Fiscalía General de la República (FGR) contra la suspensión provisional concedida a Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán, por lo que dicha suspensión continuará vigente y no podrá ejecutarse la orden de aprehensión en su contra.
Contra el ex mandatario estatal existe un mandamiento judicial librado por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, asunto relacionado con la compra de cuarteles para la Guardia Civil en Michoacán.
En sesión celebrada en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México, Winyber Jiménez Navarrete, secretario en funciones de magistrado de circuito, señaló que el agente del Ministerio Público Federal adscrito al juzgado de origen carece de legitimación para interponer el recurso de queja.
La propuesta fue aprobada por unanimidad.
“Respecto a la procedencia y justificación de la medida cautelar, se consideran inoperantes, puesto que el juzgador federal apoyó su decisión en jurisprudencia del Pleno Regional y Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro Norte (con sede en la Ciudad de México), aspecto que en forma alguna es combatida por los recurrentes, en relación a que los efectos concebidos por la suspensión excedieron los alcances del artículo 166 de la Ley de la materia; resultan igualmente inoperantes al no combatir la aplicabilidad de la jurisprudencia”, indicó el secretario en funciones de magistrado.
El mencionado criterio establece que, cuando el quejoso promueva juicio de amparo y solicite la suspensión respecto de una orden de aprehensión por un delito que no amerite prisión preventiva oficiosa, al ser concedida, el impartidor de justicia debe precisar que los efectos son para que no sea detenido en caso de que también se le imponga la prisión preventiva justificada.
Winyber Jiménez puntualizó que el secretario en funciones de juez del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal dejó claro al ex mandatario estatal que debe comparecer ante la jueza de control del Centro de Justicia Penal en el Reclusorio Oriente, quien ordenó su captura, en un plazo de tres días hábiles.
Esto deberá ocurrir una vez que haya cubierto la garantía de 52 mil pesos —para lo cual se le otorgó un término de cinco días— y, en caso de no hacerlo, fue prevenido de que la suspensión será revocada.
La FGR ha señalado que Silvano Aureoles y cuatro de sus ex colaboradores presuntamente causaron un daño patrimonial por tres mil 400 millones de pesos, derivado de la compra a sobreprecio de cuarteles de la Guardia Civil para los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coahuayana, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, en Michoacán.
En marzo pasado, la jueza federal vinculó a proceso a cuatro ex colaboradores del ex gobernador, quienes fueron imputados presuntamente por ocasionar un daño patrimonial al gobierno federal y estatal superior a los 3 mil 400 millones de pesos.
MO
