El Congreso del Estado de Coahuila aprobó una reforma al Código Penal estatal que tipifica como delito autónomo los incendios provocados en zonas urbanas, ante el incremento de este tipo de siniestros durante 2024. Además, se endurecieron las sanciones por incendios forestales, que en su mayoría han sido intencionales.
De acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Protección Civil, en los primeros tres meses del año se han registrado más de 4 mil 100 incendios en todo el estado, de los cuales un 75% fueron provocados. Las zonas más afectadas han sido terrenos baldíos, arroyos y márgenes de carretera.
“Este aumento significativo en la incidencia de incendios urbanos genera daños a la vida, la salud y la propiedad de las personas”, se advierte en la exposición de motivos de la iniciativa.
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Saltillo, en alerta por crisis de incendios
Solo en la capital del estado, Saltillo, se han documentado más de 700 incendios, lo que ha provocado una crisis operativa y presupuestal en las autoridades locales, quienes han tenido que redirigir fondos y reforzar estrategias de prevención. Se han destinado más de 2.4 millones de pesos en labores de combate al fuego.
Ante esta situación, se reconoció que el marco legal anterior resultaba insuficiente. El delito de incendio solo se perseguía si generaba daños a la propiedad, bajo la figura de “daños”, lo cual dificultaba el procesamiento penal cuando no existía denuncia directa por parte de los afectados.
Cambios al Código Penal
Con esta reforma, se adiciona el artículo 340 bis al Capítulo I del Título III del Código Penal del Estado, dentro del apartado “Delitos Contra la Seguridad Pública”, con lo que se establece:
- Pena de 2 a 6 años de prisión y de 400 a 800 días de multa
- Persecución de oficio de estos delitos
- Sanciones para quienes, de forma dolosa y sin permiso, provoquen incendios en zonas urbanas, ya sea en propiedades privadas o públicas
Además, se contemplan agravantes si el incendio pone en riesgo la vida o salud de personas, si se obtiene beneficio económico, o si ocurre cerca de hospitales, escuelas, gasolineras u otras instalaciones de alto riesgo.
La medida busca fortalecer la capacidad legal del Estado para actuar contra este tipo de delitos y garantizar la seguridad de la población, en medio de una temporada especialmente crítica en materia de incendios.
edaa
