DOMINGA.– Un memorando de inteligencia del FBI ofrece nuevos detalles sobre por qué la agencia concluyó que algunos funcionarios del gobierno de Venezuela probablemente tuvieron responsabilidad por las acciones de una pandilla criminal en Estados Unidos, lo cual la enfrentó a otras agencias de inteligencia en una acalorada disputa sobre el uso de una ley de guerra por parte del presidente Donald Trump.
El memorando, cuyas conclusiones han sido rechazadas por las demás agencias de inteligencia, fue presentado por el gobierno a un juez federal de Texas antes de una audiencia celebrada el jueves. Forma parte de una serie de demandas cada vez más numerosas sobre el uso que hace Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a personas acusadas de ser de esa banda –el Tren de Aragua (TdA)–, a una conocida prisión salvadoreña sin el debido proceso.
“El FBI considera que algunos funcionarios del gobierno venezolano probablemente faciliten la migración de del TdA de Venezuela a Estados Unidos para promover el objetivo del régimen de Maduro de socavar la seguridad pública en Estados Unidos”, decía el memorando, utilizando una abreviatura de la banda.
Añadía que el buró también cree que algunos funcionarios del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “probablemente utilizan a del TdA como apoderados”.
La presentación del memorando abre la puerta a un mayor escrutinio judicial de un fundamento clave para la afirmación de Trump de que puede invocar la ley, rara vez utilizada, para deportar sumariamente a personas acusadas de ser de la banda. También ofrece un atisbo de las afirmaciones de varios migrantes detenidos que sirvieron de base para la evaluación del FBI.
El gobierno de Venezuela controla el Tren de Aragua, acusa Trump
En marzo, Trump proclamó que el gobierno de Venezuela controla la banda –una premisa clave para su uso de la ley de deportación de tiempos de guerra– mientras enviaba aviones cargados de hombres a El Salvador. Desde entonces, los tribunales han paralizado tales traslados en virtud de dicha ley, dictaminando que es probable que no aplique para la cuestión de migrantes indocumentados en lugar de una situación de tiempo de guerra.
A pesar de la valoración del FBI, la mayoría de las agencias de inteligencia del país, incluidas la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional, creen que la afirmación de Trump es inexacta. El Consejo Nacional de Inteligencia, un grupo de análisis interno de élite al que las personas responsables de políticas pueden encargar proyectos especiales, ha redactado dos evaluaciones en ese sentido, aunque también ha señalado que el FBI discrepaba en parte.
Las opiniones minoritarias del FBI eran conocidas, en parte porque uno de los memorandos del consejo fue desclasificado y publicado este mes en respuesta a una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información. Entre otras cosas, aclaraba que el FBI había basado su opinión en las declaraciones de varios migrantes detenidos en Estados Unidos. Pero no estaba claro en cuántos migrantes se había basado el FBI para su análisis; el memorando decía que la opinión de la agencia se basaba en las declaraciones de siete fuentes.
Sin embargo, el memorando detallaba lo que había dicho solo una de ellas. “Según una fuente humana con indirecto”, afirmaba el memorando, la toma de decisiones estratégicas sobre el uso de la banda por parte del gobierno venezolano pasaba por el presidente Nicolás Maduro, “quien utilizaba a confidentes como intermediarios para aislarse de la afiliación pública” con la banda.
Al mismo tiempo, el memorando decía que el FBI había considerado que funcionarios venezolanos de alto rango no estaban implicados en las “actividades diarias” de la banda.
También decía que había considerado “más o menos igualmente plausible” una hipótesis alternativa, según la cual los de la banda emigraban y cometían delitos por su cuenta, pero decía que el FBI consideraba “más probable” su opinión.
Pero omiten presentar un análisis del Consejo Nacional de Inteligencia
El FBI situó su evaluación en un nivel de confianza “medio” y dijo que estaba considerando pasarla a un nivel de confianza más bajo “debido a las fuentes primarias, que eran os únicos con indirecto y que podrían haber estado motivados por haber percibido la posibilidad de una decisión favorable en materia de inmigración”.
El Consejo Nacional de Inteligencia, que realizó un análisis a partir de las evidencias disponibles de todas las agencias de inteligencia, dio más peso a ese escepticismo. La “mayoría” de la comunidad de inteligencia “juzga que la inteligencia que indica que los dirigentes del régimen están dirigiendo o posibilitando la migración del TdA a Estados Unidos no es creíble”, escribió.
Los problemas legales de los detenidos, dijo el consejo, podrían “motivarlos a hacer acusaciones falsas sobre sus vínculos con el régimen venezolano en un esfuerzo por desviar la responsabilidad de sus crímenes y reducir cualquier castigo proporcionando información exculpatoria o por lo demás valiosa a los fiscales estadounidenses”.
Pero el consejo y las otras agencias también tenían otros problemas con los alegatos. Examinaron si los detenidos “podían tener de forma creíble a la información reportada” y si habían ofrecido detalles que pudieran corroborarse. La coordinación del tipo que los migrantes habían relatado requería casi con toda seguridad comunicaciones y transferencias financieras que el gobierno estadounidense esperaría recopilar, pero no había visto.
Al final, la comunidad de inteligencia llegó a la conclusión de que “el régimen de Maduro probablemente no tiene una política de cooperación con el TdA y no está dirigiendo los movimientos y operaciones del TdA en Estados Unidos”, dijo el consejo en su memorando.
El Departamento de Justicia no parece haber presentado el memorando del consejo que resume el análisis más amplio de todas las demás agencias de inteligencia.
La Casa Blanca encargó un análisis sistemático de las pruebas sobre el gobierno de Venezuela y la banda en febrero, cuando Trump consideraba utilizar la Ley de Extranjeros Enemigos para deportar a venezolanos.
El Consejo Nacional de Inteligencia elaboró un memorando el 26 de febrero que concluía que el gobierno de Venezuela no controla la banda. El memorando señalaba que el FBI sí creía que existían algunos vínculos basados en información que el resto de la comunidad de inteligencia no consideraba creíble.
Aun así, el 15 de marzo, Trump firmó una proclamación en la que decía lo contrario.
El Departamento de Justicia anuncia una investigación por filtración
Días después, The New York Times informó sobre el memorando del 26 de febrero, lo que llevó al Departamento de Justicia a anunciar una investigación penal por filtración. Joe Kent, uno de los principales colaboradores de la directora de la inteligencia nacional, también pidió al entonces jefe en funciones del consejo, un analista de carrera llamado Michael Collins, que elaborara una nueva evaluación.
En correos electrónicos, Kent exigió más tarde que se “reescribiera” un borrador de la nueva evaluación para que no pudiera “utilizarse contra” Trump. Pero la versión final seguía concluyendo que el gobierno de Venezuela no controla la banda y que la opinión del FBI de que algunos funcionarios la estaban utilizando como subsidiaria no era creíble. Desde entonces, Collins ha sido despedido.
Julian E. Barnes y Maggie Haberman colaboraron con reportería.
Charlie Savage escribe sobre seguridad nacional estadounidense y política jurídica.
Alan Feuer cubre extremismo y violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el atentado del 6 de enero en el Capitolio y contra el entonces presidente Donald Trump.
ATJ
