El gobierno del presidente Donald Trump solicitó el miércoles a la Corte Suprema que bloquee las órdenes judiciales que exigen que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de Elon Musk entregue documentos sobre sus operaciones a un grupo de vigilancia gubernamental.
La más reciente apelación de emergencia del Departamento de Justicia ante el máximo tribunal se refiere a si el DOGE, que ha sido fundamental en el impulso del presidente Donald Trump para reformar el gobierno, es una agencia federal sujeta a la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés).
El gobierno argumenta que el organismo es simplemente un cuerpo asesor presidencial que está exento de solicitudes de documentos según la FOIA.
El gobierno quiere que los jueces congelen las órdenes que obligarían al DOGE a entregar documentos a la organización
Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington(CREW, por sus siglas en inglés), y que la a interina del DOGE, Amy Gleason, responda preguntas bajo juramento en las próximas tres semanas.
Contract Update!
— Department of Government Efficiency (@DOGE) May 21, 2025
Over the last two days, agencies terminated 120 wasteful contracts with a ceiling value of $3.1B and savings of $908M, including a $288k DoD consulting contract for “culture services”, and $4.05M for “technical services” in Mozambique. pic.twitter.com/7G8FFAQzmr
CREW presentó una demanda en febrero, alegando que el DOGE “ejerce un poder sorprendentemente amplio” sin transparencia sobre sus acciones.
En marzo, el juez federal de distrito, Christopher Cooper, determinó que el papel del DOGE probablemente es más que solo de asesoramiento, señalando sus afirmaciones de ayudar a cerrar USAID y recortar miles de millones de dólares en contratos gubernamentales.
“Cancelar cualquier contrato gubernamental parecería requerir una autoridad sustancial, y cancelarlos a esta escala ciertamente lo requiere”, escribió Cooper. El DOGE “probablemente tiene al menos cierta autoridad independiente para identificar y despedir a empleados federales, y cancelar programas y contratos federales”.
Un del tribunal federal de apelaciones en Washington suspendió inicialmente la orden de Cooper, pero un diferente la reactivó posteriormente. Desde entonces, Cooper ha establecido plazos para que la istración cumpla antes del 13 de junio.
Great work by the @usairforce in partnership with @DOGE in substantially reducing a wasteful program serviced by external consultants.
— Department of Government Efficiency (@DOGE) May 20, 2025
The Air Force Strategic Transformation I ("AFSTS I") was a $2.75B contract awarded to eight management consulting firms in 2020 to… pic.twitter.com/NIImiyKLxX
El Procurador General D. John Sauer instó a los jueces a actuar rápidamente, calificando las órdenes de Cooper como “extraordinariamente excesivas e intrusivas”.
El caso es el más reciente de una serie de apelaciones de emergencia que se han llevado ante la Corte Suprema después de que los tribunales inferiores hubieran bloqueado partes de la agenda de Trump.
SNGZ
