El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acudió la semana pasada al estudio de Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula. El funcionario fue serio, coherente y puntual. No evadió preguntas. Informó sobre las acciones realizadas por el gobierno en contra de la violencia criminal, tales como la destrucción de 900 laboratorios de drogas sintéticas (que según Tartufo no existían) millones de pastillas de fentanilo, la captura de mil 200 delincuentes en Sinaloa, el decomiso de 2 mil armas y mil 500 vehículos en ese estado, y también lo hecho en otros estados del país.
Los ciudadanos no tenemos elementos para verificar esos datos, pero es incuestionable que el nuevo proceder gubernamental deriva, en primerísimo lugar, de las agresiones y amenazas de Trump. Se trata de un giro de 180 grados en el actuar de la presente istración respecto del “no hacer” de la anterior. Sin embargo, no hay siquiera indicios de que haya terminado su contubernio con el crimen organizado para fines electorales, del que recibieron dinero para campañas a cambio de territorios.
El secretario refrendó lo que ha venido diciendo de manera consistente, pero hizo una afirmación inequívoca y de la mayor trascendencia que debe registrar la historia de este México brutalmente destruido y agraviado: después de condenar múltiples resoluciones judiciales, que durante décadas impidieron la extradición de siniestros criminales, García Harfuch elogió sin ambages el desempeño de “cientos” de juzgadores. Refiriéndose a declaraciones oficiales previas, textualmente afirmó: “Hicimos reconocimiento también, por supuesto, a cientos de jueces que hacen un trabajo extraordinario… a quienes reconocemos y agradecemos su trabajo”.
Esas expresiones del secretario deben quedar en la memoria de los mexicanos para darles plena certeza de que el verdadero propósito de Tartufo (seguido por Claudia Sheinbaum) fue ofender y calumniar con vesania a los jueces de México en su totalidad, para destruir al Poder Judicial, sustituyéndolo por un andrajo que cubra la miseria moral de fementidos traidores y la de sus fieles rufianes.
No combatieron a quienes resolvieron contra la ley; hicieron tabla rasa, acometieron la ominosa tarea de enlodar, calumniar y defenestrar a todos, incluidos los cientos de jueces que según el secretario: “les merecen reconocimiento y gratitud por su trabajo extraordinario”.
Los 800 mil mexicanos que murieron abandonados al covid, los 200 mil asesinados, los 50 mil desaparecidos, el saqueo a la nación y otras mil fechorías marcarán para siempre a los gobiernos cuatroteros, pero la demolición artera del Poder Judicial es una vil puñalada en el alma de México, y esa será la más aciaga herencia de estos sátrapas a sus descendientes y a las futuras generaciones de mexicanos.
