Lo único que hasta ahora me queda claro sobre los asesinatos de Ximena Guzmán y José Muñoz –secretaria particular de Clara Brugada y responsable de trabajos especiales, respectivamente– es que enfrentar los efectos del crimen organizado no se resuelve solo con el uso de las armas.
Como hizo Calderón. Combatir el crimen solo con las armas es tan inútil como patear un hormiguero. Lo urgente es desmontar su base social: la tolerancia que normaliza la violencia y la ausencia del Estado que los criminales aprovechan para ofrecer seguridad, empleo o justicia, y así ganan aceptación.
Pretenderlo, como hizo el ex presidente Calderón, es como intentar acabar con un hormiguero a patadas. Urge debilitar la base social del crimen: la complicidad y la tolerancia que normalizan la violencia y silencian la denuncia. La aceptación por necesidad en zonas donde el Estado está ausente, los grupos criminales suplen funciones básicas (seguridad, empleo, justicia).
Pobreza y falta de oportunidades. Estos factores hacen a los jóvenes vulnerables al reclutamiento; sin redes familiares o comunitarias, los criminales se vuelven su única referencia.
Corrupción e impunidad. La colusión con autoridades, la protección o participación de funcionarios públicos permiten que operen sin consecuencias.
Control territorial y económico. Los grupos criminales mantienen una presencia constante: controlan barrios, rutas, mercados e incluso servicios públicos. Muchas personas dependen directa o indirectamente de economías informales o ilícitas para subsistir.
Narcocultura: Música, series, redes sociales y otros medios que glorifican al crimen organizado. Caridad estratégica: Donaciones, fiestas o apoyos económicos que generan simpatía o lealtad.
Por último –sin agotar todos los factores que deben desmantelarse– hay elementos clave que también deben atacarse para debilitar estructuralmente a los grupos criminales. Uno de los más importantes es el lavado de dinero, ya que permite integrar ganancias ilícitas a la economía formal y financiar sus operaciones. Combatirlo no es sencillo, pues requiere coordinación internacional y marcos regulatorios sólidos.
