Por más que México se encamine a una renovación de poderes, en los 32 circuitos del Poder Judicial de la Federación no se avizora un cambio sustancial en la manera en la que se imparte justicia a nivel federal.
Sería ingenuo pensar que toda la justicia mexicana se define en los tribunales federales. La mayoría de los ciudadanos lidia, día a día, con otra justicia: la local, la que emana de los poderes judiciales estatales. Ahí el panorama es aún más estático, más anquilosado, y en muchos casos, más opaco que en el Poder Judicial de la Federación.
Puebla es un caso paradigmático. La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del estado impulsada desde el Poder Ejecutivo prometía una renovación de fondo. Sin embargo, fue diseñada por los mismos actores que durante años han controlado el Poder Judicial local. Ahora lo hacen en lo oscurito.
El gobernador confió, pero no supervisó. El resultado fue previsible: un andamiaje que preserva estructuras y asegura la permanencia de magistrados y jueces cuya caducidad institucional debió hacerse efectiva hace años y no hasta 2027.
¿Por qué no se avanza en la renovación? Hay al menos dos razones clave: la falta de recursos para finiquitar a funcionarios y la nula adecuación entre la norma local y la federal. Es decir, no hay ni dinero ni voluntad. El resultado es un Poder Judicial estatal con una fachada renovada, pero con cimientos corroídos. Como las viejas casonas del Centro Histórico: pintadas por fuera, carcomidas por dentro.
Los jueces locales seguirán sin apertura ni sensibilidad social: el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla permanece blindado, no sólo en términos de estructura, sino con policías que restringen el paso a los ciudadanos en lo que debería ser un edificio público. Los horarios laborales, que en muchos casos inician a las once de la mañana y concluyen tres horas después, reflejan una cultura laboral que desprecia la eficiencia.
El cambio federal que se avecina servirá para reacomodar los clanes que monopolizan los espacios de poder. Y así, entre herencias políticas y nombramientos por consanguinidad, lo que tendrá Puebla será una prolongación del pasado.
La justicia que más duele al ciudadano, la que debería estar más cerca, seguirá ausente, como siempre que el cambio se queda en una intención.
Al margen
Los ingresos por remesas sumaron 4.761 millones de dólares, 12.14% menos, lo que significa la caída más pronunciada que tienen los envíos de dinero del exterior desde septiembre de 2012, de acuerdo con el Banco de México. Lo que aún no está claro es si la baja se debe a las políticas impulsadas por Donald Trump o a que se lava menos dinero del que se enviaba disfrazado de remesas.
