Nunca imaginé lo que iba costar la transición a la democracia, lo confieso. Después del domingo 1 de junio quedaremos peor que cuando estábamos mal. La polarización se ha apoderado de la vida política y social. La intransigencia, la descalificación y el encono se hace presente no solo en quienes detentan el poder, también está en quienes se oponen. La reforma judicial destruye el carácter del Poder Judicial y de la Corte en su condición de garante de la constitucionalidad de las decisiones de gobierno y legislativas. Esto merece un claro y contundente rechazo por sus efectos negativos en la certeza de derechos y en la vida democrática del país.
Seleccionar por voto popular a los juzgadores es un contrasentido, una equivocada respuesta para mejorar al sistema de justicia. De hecho, la reforma ha destruido lo mejor y no ha atendido la parte más crítica y que más afecta a la legalidad. Bajo el pretexto de mejorar la justicia se ha dado curso a la concentración del poder en el Ejecutivo. El derecho de amparo, una de las instituciones más relevantes para la protección de las garantías individuales, ha sido dañado de manera significativa, mucho más si el juez o magistrado no garantiza imparcialidad, preparación y profesionalismo.
El problema es doble. Por una parte, el voto popular no garantiza que sean electos los mejores. Por la otra, el diseño de elección está plagado de errores e insuficiencias, además de que ha prevalecido la parcialidad en todas las etapas, desde la selección de candidatos, el proselitismo y la manera como se diseñó la jornada electoral, el escrutinio y los resultados. La boleta niega el ejercicio de un voto razonado e informado. No importa que muchos o la mayoría estén de acuerdo con lo que se está haciendo; es una farsa.
La decisión de votar corresponde a cada persona. Para no pocos de los opositores participar es convalidar la farsa. Ese es un punto de vista, como también asumir que la baja participación es expresión de oposición. Es previsible una baja afluencia a las urnas, pero así fuera elevada, no anula ni invalida los vicios de la reforma y del proceso. Así las cosas, lo menos que se puede esperar es el respeto de todos por la decisión de participar o no en la jornada de este domingo.
