La penalización absoluta del delito del aborto fue una propuesta que el Congreso del Estado de Guanajuato discutía hace casi 25 años. Entre la sociedad guanajuatense hubo preocupación por el hecho de que no hubiera excepciones en la ley, y ante ello, el entonces coordinador del grupo parlamentario del PAN, Ricardo Torres Origel, presentó una nueva iniciativa donde se introdujeron algunas atenuantes, concretamente para el caso de violación, bajo el cumplimiento de una serie de supuestos. La punibilidad del delito del aborto continuaría en el resto de los casos.
Así lo consigné en aquella época en la edición nacional de MILENIO, de la cual fui reportero. Corrían los primeros días de septiembre del año 2000.
En esta semana que se discutirá nuevamente el tema, conviene recuperar cómo se llegó a la actual redacción de la ley, y las consideraciones a favor del derecho a la vida que entonces se tomaron en cuenta.
“Podríamos salvar la situación de la mujer violada (que desató la polémica). Lo único que queremos es que la ley sea prudente, sea benévola con la mujer que es víctima de una violación”, me dijo en aquella ocasión Torres Origel.
“Entendemos que no puede imponerse a la mujer violentada en su sexualidad un castigo, pues ya se tiene suficiente con sufrir los traumas de la violación, y del aborto, como para imponerle otro”, agregó.
Gerardo de los Cobos, a la sazón presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato, me dijo: “el tema es tan importante que le tenemos que dedicar todo el tiempo que sea necesario”.
En todo momento el legislador panista fue claro: “eso no quiere decir que renunciemos a nuestra concepción, que es de toda la sociedad, de que respetemos la vida desde el momento de la concepción...”
“Evidentemente somos políticos, no nos vamos a arriesgar a una confrontación social innecesaria, ni vamos a forzar a un gobernador a un veto”.
Hoy, sus palabras resuenan tan proféticas...
