A la fecha, se han presentado en el Congreso del Estado de Jalisco cinco iniciativas de reforma constitucional en materia de derechos de a la información y protección de datos personales. Si algo caracteriza a todas es que parten del mandato constitucional del pasado 20 de diciembre de 2024, con el que se modificó el modelo institucional para garantizar esos derechos fundamentales, y salvo una, hace “memoria” del caminar en Jalisco.
Constante de las iniciativas (dos personales y tres de grupos parlamentarios), desilusionante: la “exposición de motivos” se constriñe a reproducir, el modelo constitucional. Claro, sólo una, personal, plantea mantener el actual órgano garante (ITEI). Ninguna iniciativa parte de un diagnóstico, elemental, de cómo y con qué se genera, istra y pone a disposición información, para con ello alinearlo a la información pública de los sujetos obligados.
De acuerdo con la reforma federal y la nueva ley general, el próximo 18 de junio vence el plazo para “armonizar” las normas locales con el nuevo modelo constitucional, donde el sujeto obligado es ahora autoridad garante (a excepción de los Ayuntamientos, que tendrán como autoridad garante a la Contraloría estatal, ignorando y vulnerando la autonomía municipal).
¿Si Jalisco no “armoniza” a más tardar el próximo 18 de junio, incurre en falta alguna? Constitucionalmente sí (aunque no sería la primera vez, como en la reforma al Poder Judicial). Pero qué es más grave, legislar por cumplir con los tiempos, o legislar con el tiempo necesario para contar con una base constitucional local que garantice los principios constitucionales (que no son topes) y construir un modelo que retome el andar local, lo mejore, perfeccione y apueste al ejercicio y garantía de esos derechos en la realidad actual y que día a día se modifica.
La reforma constitucional federal, la nueva Ley General en la materia, y las iniciativas de reforma constitucional local presentadas mantienen un modelo de a la información de 2002, mantenido en 2005, y ampliado en 2014. Hoy, la generación, distribución y consumo de información (no sólo la pública-gubernamental) es diametralmente distinta, y apunta de manera vertiginosa a otros medios, recursos y modelos. Qué no decir si Jalisco legisla sin tener en cuenta la nueva política de transformación digital que avanza a escala federal, con implicaciones estatales y municipales (ver Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones).
Si los sujetos obligados mantienen el modelo y recursos tecnológicos como hace 20 años, sin poner bases para el uso de tecnologías de la información y conocimiento que hoy se desarrollan exponencialmente (ejemplo, inteligencia artificial generativa y robusta) para generar, istrar y poner a disposición información pública, la legislación e institucionalidad resultante será anacrónica, inútil e incluso inhibidora y nugatoria de los derechos fundamentales en juego: a la información pública y protección de datos personales.
Se legisla para el presente con visión de futuro, ¿o no?
