En medio de una elección judicial marcada por el desinterés, las críticas y la desconfianza, el posible nombramiento de Hugo Aguilar Ortiz, representante de la comunidad indígena y defensor de los sectores más vulnerables, ha sido utilizado por el oficialismo como una forma de dar rostro humano a un proceso que, en realidad, fue un fracaso. No se trata de desestimar su trayectoria ni su origen. Se trata de no perder de vista el bosque por un solo árbol.
El hecho es que más del 87% de los electores decidieron no salir a votar. Y eso, aunque a algunos les incomode, también es una forma de protesta. Una forma silenciosa de decir “no creo en este sistema” o “no vale la pena participar en una farsa”. Porque sí: lo que vimos durante estas elecciones fue cualquier cosa menos un ejercicio ejemplar de democracia.
Aparecieron los viejos trucos de siempre: los famosos acordeones con nombres sugeridos, el acarreo disfrazado de movilización ciudadana, y los señalamientos por posible compra de votos que nunca se aclaran del todo. Todo eso, acompañado por un silencio incómodo del gobierno y por la narrativa oficial que, como de costumbre, intenta convertir en triunfo lo que a todas luces fue una derrota.
Decir que el pueblo decidió cuando solo uno de cada diez mexicanos acudió a las urnas es no solo una exageración, sino una falta de respeto a la inteligencia colectiva. Es querer maquillar una realidad con frases bonitas y cifras sin contexto. Es lo que hacen los políticos cuando pierden el respaldo social: redefinen el fracaso como “avance”.
Lo más grave es el costo. Esta elección le costó al país más de 13 mil millones de pesos. Una cifra escandalosa si se considera que el resultado fue un abstencionismo masivo, una apatía generalizada y una credibilidad institucional que sigue en picada. No hay eufemismo que alcance para ocultar eso.
Es válido que se celebren los avances en representación social, pero sería más honesto reconocer que la mayoría del país le dio la espalda a este proceso. La participación fue desoladora. La confianza, inexistente. Y la democracia, una vez más, quedó atrapada en un teatro de utilería.
