El 1 de junio México vivió un proceso electoral que marca un punto de inflexión en su arquitectura democrática. Por primera vez se eligieron por voto popular a jueces y magistrados, incluida la renovación completa de la Suprema Corte (SCJN). Aunque el objetivo declarado de esta reforma es “democratizar” el Poder Judicial, el resultado ha generado preocupación en diversos sectores económicos debido a la incertidumbre que se abre para el estado de derecho.
Este contexto cobra especial relevancia en un momento en que México se prepara para renegociar el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Aunque no exige explícitamente un poder judicial independiente, parte de la premisa de que los tres países firmantes cuentan con instituciones sólidas que garantizan el respeto al estado de derecho, la protección de la propiedad intelectual y el cumplimiento de contratos. La posible politización del sistema judicial puede generar dudas sobre el compromiso del país con estos principios, afectando su reputación internacional y la disposición de empresas a invertir.
Una de las preocupaciones centrales es la falta de experiencia jurídica de muchos de los nuevos perfiles. La salida anticipada de jueces en funciones y la llegada de figuras sin trayectoria judicial implican una curva de aprendizaje que puede traducirse en retrasos en la emisión de sentencias. A pesar de que la reforma establece un plazo máximo de seis meses para resolver los casos, esto puede derivar en resoluciones apresuradas, afectando la calidad de la justicia y debilitando la confianza institucional.
En el terreno económico, esta incertidumbre se traduce en riesgo. La estabilidad jurídica es un componente central del clima de negocios: es lo que permite planear a largo plazo, proteger inversiones y resolver disputas con certeza. En el contexto actual, donde México se perfila como un destino estratégico para la relocalización de inversiones, cualquier señal de debilitamiento institucional puede comprometer su ventaja competitiva. Sin claridad en las reglas del juego, es difícil esperar un flujo sostenido de inversión extranjera directa.
Aunque aún no hay una postura oficial del sector privado sobre los nuevos ministros de la Corte, es probable que, conforme avance esta nueva etapa judicial, se comiencen a observar impactos tangibles en la toma de decisiones de inversión. México ha construido parte de su competitividad sobre la base de la certidumbre jurídica y su integración con América del Norte. Si estas bases se erosionan, el país puede enfrentar un riesgo estructural con implicaciones económicas de largo alcance.
No todo es negativo. Uno de los efectos colaterales de esta elección ha sido la apertura de un debate público sobre el rol del Poder Judicial y la importancia del estado de derecho. Esa conversación puede ser una oportunidad para fortalecer las instituciones desde la sociedad civil, el sector empresarial y los actores internacionales. Pero el tiempo apremia: mientras no haya claridad jurídica, habrá cautela económica.
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La coyuntura internacional tampoco favorece. La disrupción del orden económico global tras las políticas arancelarias de Donald Trump colocó a México en una posición vulnerable por su alta dependencia de la economía estadunidense. En este contexto, cualquier señal de opacidad o debilitamiento institucional puede impactar de manera negativa el fenómeno del nearshoring, un motor clave de crecimiento para el país. Aún no hay una reacción oficial del sector privado respecto a los nuevos ministros de la Corte.
Sin embargo, es probable que, conforme se normalice esta nueva etapa judicial, se empiecen a observar efectos tangibles en el entorno de negocios. En un país que ha basado buena parte de su competitividad en la estabilidad jurídica y su integración comercial con América del Norte, el debilitamiento del estado de derecho puede convertirse en un factor estructural de riesgo económico.
Dicho eso, el sector empresarial en México se caracteriza por su resiliencia a entornos complejos. Sin embargo, entre los distintos riesgos que enfrenta, la incertidumbre jurídica representa uno de los mayores obstáculos para la inversión. Corresponderá al nuevo Poder Judicial —y a quienes impulsaron esta reforma— demostrar que pueden garantizar un entorno confiable que facilite el crecimiento económico, la atracción de capital y la generación de riqueza de forma sostenible.
