El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Mario Pardo Rebolledo, dijo que a pesar de los esfuerzos que apuntaban a una justicia más profesional e inclusiva en México, el país se enfrenta al desafío de reflexionar sobre la legitimidad democrática de nuestras instituciones judiciales.
Durante su participación en la Cumbre Judicial Iberoamericana, en Santo Domingo, República Dominicana, relató que en nuestro país, después de que la Corte declaró la inconstitucionalidad de diversas leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo Federal, surgieron críticas severas y reiteradas hacia la integración y funcionamiento y desempeño del Poder Judicial de la Federación (PJF).
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¿Qué dijo el ministro Rebolledo?
“Se cuestionó nuestra legitimidad democrática y se nos acusó de actuar en contra del interés social, incluso de proteger a élites o hasta grupos delincuenciales”.
“Esta confrontación institucional culminó con la reforma de 2024, llamada reforma judicial, la que todos tienen noticia, que establece, entre otras medidas, la destitución, en 2025 y 2027, de la totalidad de las personas juzgadoras en el país y su reemplazo a través de procesos de elección popular”, expresó.
El ministro comentó que la reforma plantea cambios istrativos de gran calado, ya que desaparece el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y se transforma en dos órganos:
- Uno, denominado Órgano de istración Judicial, encargado de englobar la istración de todos los tribunales federales del país, incluyendo la Suprema Corte y el Tribunal Electoral.
- Y se crea un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Señala las funciones del tribunal
“Este Tribunal es otro órgano el que tendrá las atribuciones de disciplina y vigilancia de todos los demás órganos jurisdiccionales del país. Es decir, un tribunal que concentrará la investigación y sanción de las responsabilidades istrativas”.
“Resulta natural preguntarse si todos aquellos avances, a los que me he referido de manera muy breve, se verán entorpecidos o se perderán en esta transformación”, expresó.
Pardo Rebolledo mencionó que el máximo tribunal de justicia realizó un estudio sobre la independencia judicial en Iberoamérica y detectó dos tipos de ataques con patrones recurrentes, entre ellos el inicio procesos judiciales contra juzgadores, debido a sus resoluciones, y la afectación de sus presupuestos.
“Éstos se han manifestado mediante el inicio de procesos judiciales en contra de personas juzgadoras por el contenido de sus resoluciones, presiones indebidas para resolver en cierto sentido; amenazas, agresiones, campañas de difamación y reducciones salariales o amenazas de éstas, todas ellas encaminadas, desde luego, a erosionar la independencia y la capacidad de decisión”.
“Un segundo tipo de ataques, se refieren a aquellos que afectan al Poder Judicial, en su conjunto, y se han manifestado mediante la afectación de sus presupuestos, violaciones al principio de inamovilidad, reformas que alteran su estructura o método de designación, cambios súbitos en la integración de las Cortes y, en los casos más extremos, el desacato absoluto a las determinaciones que se tomen”, abundó.
RM
