Al principio solo fueron rumores. Un par de camionetas desconocidas en caminos de terracería, hombres armados que no se escondían y un silencio repentino que se apoderó del pueblo. Después, llegaron las extorsiones, las amenazas y los toques de queda no oficiales. En menos de un año, lo que era una comunidad tranquila comenzó a moverse al ritmo de un nuevo poder: el del narco.
Ese fue el panorama de Tila, Chenanhó, Pantelhó, Frontera Comalapa y otros municipios de Chiapas que, hace menos de una década, eran zonas marcadas por la pobreza, pero no por la violencia.
En la entrega anterior, MILENIO explicó como en zonas clave de cárteles de drogas, como el 'Triángulo Dorado' y Tierra Caliente, el crimen organizado se convirtió en la autoridad desde los años setenta, istrando la vida cotidiana de las y los habitantes.
Sin embargo, la expansión de los grupos criminales durante los últimos años ha ocasionado que otras regiones del país enfrenten dinámicas similares. El resultado ha sido el desplazamiento forzado de miles de mexicanos que, a diferencia de zonas como Badiraguato, no crecieron en un entorno así y decidieron huir, dejando atrás toda su vida.
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De la presencia a la ocupación: el avance gradual del narco
La llegada del crimen organizado a comunidades del sur del país no siempre fue violenta ni inmediata. En muchos casos, su presencia comenzó de forma discreta: vehículos desconocidos circulando por caminos secundarios, hombres armados en retenes improvisados, y una vigilancia silenciosa sobre la vida diaria de los habitantes.
Con el tiempo, esa presencia se volvió dominio. Los grupos criminales comenzaron a establecer reglas: control de horarios, cobro de “cuotas” a comerciantes y productores, vigilancia de quién entra y quién sale de las comunidades. Algunos obligaron a los habitantes a asistir a reuniones donde se imponían nuevas condiciones para permanecer en el territorio. Las policías municipales, en muchos casos, quedaron rebasadas o fueron desmanteladas.
En el informe Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos, publicado en enero de 2024 por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes” (Red TDT), organizaciones civiles apuntan que, desde 1998, Chiapas fue considerada por la Agencia de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos como un corredor clave.
"Toda la extensión territorial chiapaneca está vertebrada por rutas que son aprovechadas para el transporte de todo tipo de mercancías, desde drogas, armas y ganado ilegal hasta el tráfico de personas en movilidad internacional", destacó.
No obstante, señalaron que fue a partir del año 2021 cuando la frontera de Chiapas con Guatemala se convirtió en una zona de disputa territorial de estructuras de la delincuencia organizada por el control de mercancías, servicios, personas, productos legales e ilegales, "así como de la propia vida de la población local".
"En medio de una diversidad de actores armados que generan violencia en el estado, los grupos de la delincuencia organizada están jugando un papel importante en el control de estos territorios, a través de disputas que impactan directamente a la población, destacando una omisión y aquiescencia del Estado".
Territorios a los que se ha extendido el crimen organizado en Chiapas
La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista.
Las tácticas de expansión del narco
Datos de la Red TDT señalan que los grupos criminales utilizan distintos recursos para expandir su control territorial. A través del uso de la violencia, se identifica el uso de artefactos explosivos, uso de drones artillados, explosiones y quema de vehículos.
"Ello impacta directamente en las posibilidades de movilidad de la población, además de someterla a un miedo constante e impedirle llevar a cabo sus actividades cotidianas".
En el reporte se destaca que, junto a la conquista fáctica del territorio, los grupos criminales también controlan a la población.
"En el conflicto de la frontera se despliegan un conjunto de estrategias económicas que la delincuencia organizada desarrolla tanto para afianzar el control sobre el territorio como para subsanar los gastos operativos que implica la disputa".
"Esta economía del conflicto incluye así extorsiones, secuestros y cobro de piso, pero también control de precios de los productos agrícolas, de rentas y de otras transacciones económicas de la población local, todo ello con frecuencia establecido a través de medios violentos de diferente índole".
Estas y otras técnicas, como el reclutamiento, la imposición de toques de queda y desapariciones forzadas —que se explicarán a más detalle en la próxima entrega— han provocado que miles de habitantes de desplacen a otros territorios del país, en búsqueda de una mejor vida.
¿Qué se entiende por el desplazamiento forzado?
Acorde con la Secretaría de Gobernación (Segob) y los Principios Rectores sobre los Desplazamientos Internos, desarrollados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1998, al desplazamiento forzado se le define como:
"La situación en la que las personas o grupo de personas se han visto forzadas u obligadas, de manera expresa o tácita, a escapar, huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual (...) para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia, de violaciones de derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano".
En particular, el desplazamiento forzado interno hace referencia a aquel en el que no se ha cruzado una frontera internacionalmente reconocida.
En México, el desplazamiento forzado interno...
Empezó a ser documentado en la década de 1970. No obstante, fue en abril de 2019 cuando el gobierno federal reconoció oficialmente un problema entorno a este fenómeno.
26 millones de desplazados en 2024: IDMC
De acuerdo con el Informe Global sobre Desplazamiento Interno (GRID) 2025del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés), México registró 26 millones de desplazamientos forzados en 2024 a causa de conflictos armados y violencia.
El reporte, hecho público el pasado 13 de mayo de 2025, refiere que "la violencia criminal desencadenó la mayoría de los desplazamientos", más del doble de los registrados en 2023.
"La mayoría de los desplazamientos se produjeron en el estado sureño de Chiapas, que se ha convertido en un foco de desplazamiento en los últimos años debido a su ubicación estratégica en las rutas del tráfico ilegal. Los municipios de Tila, Chenalhó y Pantelhó fueron los más afectados. El estado costero de Sinaloa también registró más de 4 mil 400 movimientos entre septiembre y noviembre", se lee.
Otras zonas que han sido clave del desplazamiento forzado son:
- Municipios de Tierra Caliente, como La Huacana, Tepalcatepec, Chinicuila, Coalcomán y Buenavista, que han sido escenario de enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos delictivos.
- Municipios de Guerrero, como Coyuca de Catalán.
Municipios como Valparaíso, Jerez, Fresnillo y Tepetongo, en Zacatecas.
En la próxima entrega, MILENIO explicará cómo funciona la "economía del miedo": aquellas actividades ejecutadas por el narco para control territorios a través de prácticas que afectan a los habitantes y los pequeños negocios.
RMV.
