Un Tribunal Federal pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer un caso que, de ser resuelto a favor del quejoso, afectará las arcas del erario, debido a que la Procuraduría General de la República (PGR) acusó con testimonios falsos a un servidor público de estar ligado al crimen organizado.
Se trata del asunto del ex comisario de la Policía Federal (PF), Javier Herrera Valles, quien en el sexenio de Felipe Calderón pasó cuatro años en la cárcel y después fue exonerado. Hoy reclama la responsabilidad patrimonial del Estado por 70 millones 637 mil 570 pesos, por concepto de reparación de daños y perjuicios materiales y daño moral.
Los magistrados del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia istrativa en la Ciudad de México señalaron que el caso reúne los requisitos de “interés y trascendencia” para que la Corte se pronuncie sobre el tema de reparación integral del daño frente a violaciones graves de derechos humanos, en el que está de por medio una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Javier Herrera ha dicho que su encarcelamiento se debió por las denuncias que realizó contra el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por vínculos con el cártel de Sinaloa.
El ex funcionario impugnó que el 16 de junio de 2022, la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia istrativa (TFJA) dictó una sentencia que reconoció la validez de la resolución del 16 de abril de 2019, emitida por la directora general de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República (FGR) en el procedimiento istrativo de responsabilidad patrimonial del Estado, que culminó que las pruebas ofrecidas eran insuficientes.
De acuerdo con el expediente, el 5 de septiembre de 2014, Javier Herrera presentó un escrito en la PGR donde reclamó la responsabilidad patrimonial del Estado, derivado de la detención ilegal de la que afirmó que fue objeto (arraigo) en 2008, así como del maltrato en custodia, deficiencias y demoras en el proceso penal, que culminó con la sentencia condenatoria de 23 de diciembre de 2011 y que fue revocada el 6 de septiembre de 2012, donde fue exonerado porque se utilizaron testimonios falsos.
Por ello, demanda el pago de la cantidad de 20 millones 637 mil 570 pesos por concepto de reparación de los daños y perjuicios materiales, y 50 millones por concepto de reparación del daño moral.
En el documento, Javier Herrera narra que se integró una averiguación previa sin existir elementos que hicieran presumible su participación en alguna actividad ilícita.
“La Representación Social fabricó pruebas y me inventó delitos con la finalidad de tenerme retenido”, situación que le provocó un daño económico y que impactó en la educación y cuidado de sus tres hijos, de cinco, seis y diez años de edad.
Cabe mencionar que, Javier Herrera ha presentado diversas denuncias contra Marisela Morales Ibáñez, quien fue la primera procuradora general de la República, a quien ha señalado de la utilización de testigos protegidos que declararon contra él y en otros casos.
El ex comisario ha manifestado que los testigos colaboradores que declararon en su contra, además de El Pitufo (José Salvador Puga Quintanilla, quien se suicidó en una prisión de Texas, en Estados Unidos, en 2017) son el abogado Roberto López Nájera, con nombre clave Jennifer, y Sergio Villarreal Barragán, El Grande, quien tras su captura la PGR le dio el nombre clave de Mateo.
Al final del sexenio de Felipe Calderón y comienzos del de Enrique Peña Nieto, jueces y tribunales federales absolvieron a elementos de la PGR, Policía Federal, Ejército y Marina, que fueron señalados de tener vínculos con diferentes cárteles del narcotráfico, caso que se conoció como “Operación Limpieza”.
En todos los casos, se demostró que el Ministerio Público Federal hizo uso de testigos protegidos que rindieron testimonios falsos.
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JLMR
