Especialistas, ex funcionarios y representantes del sector expresaron su preocupación por los efectos de la reforma en materia de telecomunicaciones y señalaron riesgos como la pérdida de autonomía regulatoria, la posible censura digital y la vulnerabilidad ante el crimen organizado.
Durante el primer conversatorio sobre la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, organizado por el Senado, Adriana Labardini, ex comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), advirtió que la iniciativa presidencial carece de mecanismos para impedir que personas vinculadas con el crimen organizado accedan a concesiones.
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“Tuvimos serios problemas, porque no tenemos las herramientas legales de impedir que solicitantes de concesiones vinculados a grupos económicos, vinculados al crimen organizado, sean concesionarios o autorizados. ¿Lo va a tener la agencia? Una dependencia no tiene reserva de ley, no puede reglamentar, no puede... ¿Cómo vamos a impedir que lleguen las concesiones a personas vinculadas al crimen organizado o para lavar dinero? Es un tema delicado”, destacó.
Criticó además la desaparición de la autonomía regulatoria y cuestionó la capacidad legal de la nueva agencia para salvaguardar el interés público.
En tanto, Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), advirtió que la reforma representa un retroceso normativo y una amenaza al ecosistema digital.
Criticó la concentración de poder en la nueva Agencia de Transformación Digital, el posible bloqueo de plataformas digitales sin orden judicial y la creación de un registro de s con riesgos para la privacidad.
“El mayor riesgo que enfrenta el ecosistema digital es la concentración de poder en la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Esta entidad dependiente del Ejecutivo reúne funciones regulatorias, técnicas y de política pública en una sola persona, sin independencia, sin deliberación colegiada y sin contrapesos. No podemos permitir que un solo ente, sin garantías técnicas verificables ni autonomía, decida sobre el futuro de nuestras telecomunicaciones y derechos digitales”, acusó.
La AMEDI presentó un documento con 12 propuestas puntuales de mejora, centradas en garantizar la autonomía regulatoria, la pluralidad y la equidad en el a las telecomunicaciones.
Por otra parte, Javier Juárez Mojica, presidente del IFT, defendió los logros del instituto en la última década y destacó la disminución de tarifas y la reducción del poder del agente económico preponderante gracias a la regulación asimétrica.
Además, llamó a construir el nuevo marco legal con visión de Estado y reconoció la importancia del talento humano especializado dentro del IFT.
AH
