Después de casi tres meses de manifestación permanente, comuneros y ejidatarios retiraron el plantón instalado en lo que fue la sede 30-A del Tribunal Agrario en Altamira, como parte de la protesta contra la distritación que provocó el traslado de dicha oficina a la capital del estado, Ciudad Victoria.
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El retiro del plantón no significa el fin del movimiento. De acuerdo con información de la Central Campesina Cardenista, la lucha continuará ahora por la vía legislativa, con el objetivo de revertir las reformas que permitieron el cierre y reubicación de tribunales agrarios en varios puntos del país.
Mario Alberto Reyes Cantú, coordinador nacional de la organización campesina, explicó que esta medida ha afectado directamente a los productores rurales más vulnerables, quienes ahora deberán desplazarse más de 500 kilómetros hacia la capital del estado para resolver asuntos legales relacionados con la tenencia de la tierra.
La estrategia se enfoca ahora en promover una iniciativa que ya fue ingresada a la Gaceta Parlamentaria, la cual busca modificar los artículos 5 y 8 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, con el objetivo de impedir nuevas reubicaciones y garantizar que los órganos de justicia agraria permanezcan cerca de las comunidades a las que sirven.
