Diez servidores públicos serán imputados por la Fiscalía Anticorrupción en Tequila, Jalisco, como parte de la investigación sobre el caso del Rancho Izaguirre, además se informó que la investigación sigue abierta y podrían surgir más personas involucradas en el futuro cercano.
El caso se refiere a las presuntas omisiones cometidas por estos servidores públicos durante su intervención en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, en septiembre de 2024. La Fiscalía Anticorrupción ha confirmado que este es solo el inicio de un proceso judicial que podría ampliar las imputaciones a otras personas.
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La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco está tomando acciones contra estos funcionarios debido a presuntas omisiones y malas prácticas durante su intervención en el Rancho Izaguirre. La investigación inicial sugiere que estos servidores públicos no cumplieron con sus responsabilidades de manera adecuada, lo que podría haber facilitado la comisión de irregularidades en el rancho.
El Fiscal Anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, explicó que la carpeta de investigación sigue abierta y podría incluir más personas. Aunque se han identificado a estos 10 servidores públicos como los primeros implicados, la Fiscalía continuará con la indagatoria para esclarecer todas las responsabilidades posibles en el caso.
La audiencia para imputar a estos servidores públicos se solicitó el 30 de abril, pero aún se desconoce la fecha exacta y el juez que presidirá la comparecencia. Sin embargo, se ha confirmado que la imputación tendrá lugar en el municipio de Tequila, Jalisco.
Se espera que la audiencia arroje más detalles sobre las acciones de los servidores públicos del Ministerio Público, la Policía Investigadora y Ciencias Forenses, quienes serán parte de la comparecencia. La investigación sigue siendo compleja y el Fiscal anticipó que podrían surgir nuevos implicados conforme avance el caso.
¿Cuáles son las posibles consecuencias para los servidores públicos imputados?
La imputación de estos 10 servidores públicos tiene el potencial de generar un cambio significativo en la gestión del caso. Dependiendo de los resultados de la audiencia, las autoridades podrían aplicar sanciones tanto istrativas como penales a los implicados, lo que podría incluir desde la destitución de sus cargos hasta la imposición de penas de prisión.
Este primer bloque de imputados es solo una parte de una investigación más grande que continuará durante los próximos meses. La Fiscalía Anticorrupción tiene la responsabilidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva y garantizar que se castigue adecuadamente a los responsables de cualquier irregularidad en el Rancho Izaguirre.
El caso está siendo observado de cerca, ya que involucra a servidores públicos de diversas áreas, incluidos el Ministerio Público y la Policía Investigadora. Si se demuestra que estos funcionarios cometieron faltas graves, las repercusiones podrían afectar a más personas en el futuro cercano.
MC