Con el fin de elevar la participación ciudadana en las elecciones de jueces, la bancada del PVEM en la Cámara de Diputados impulsa una reforma constitucional para reforzar la obligación de votar y cancelar durante un año la credencial de elector expedida por el INE a quienes no vayan a las urnas.
“Con la reciente reforma al Poder Judicial, nuestra sociedad necesita la participación de la mayor cantidad posible de electores para el mejoramiento de las instituciones que se someterán a votación popular. Por esta razón resulta pertinente introducir la votación obligatoria en nuestro país”, señala en su exposición la iniciativa suscrita por el legislador verde Luis Enrique Miranda.
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El proyecto mantiene como obligación del ciudadano votar en las elecciones, consultas populares y procesos de revocación de mandato, además de adicionar un párrafo al artículo 36 de la Constitución para establecer la sanción correspondiente.
“De no acudir a votar en las elecciones, las consultas populares, los procesos de revocación de mandato, en los términos que señale la ley, sin justificación previa, además de la sanción prevista en el artículo 38, fracción I, se cancelará la credencial de elector emitida por el Instituto Nacional Electoral como medio de identificación oficial por un periodo de un año”, plantea.
Por conducto de Miranda, la fracción legislativa del PVEM en el Palacio de San Lázaro señaló que el porcentaje de participación en las más recientes elecciones federales en México fue de 61 por ciento de la lista nominal, es decir, una proporción similar a la de los países sin obligatoriedad del voto.
“En contraste, en países con voto obligatorio, la participación tiende a ser mucho más alta: en Australia, donde el voto ha sido obligatorio desde 1924, las tasas de participación superan 90 por ciento; en Argentina y Brasil, la participación oscila entre 75 y 85 por ciento, y en Bélgica, con voto obligatorio desde 1892, se mantiene por encima de 85 por ciento”, detalló.
Voto obligatorio en 35 países
La iniciativa de reforma constitucional inscrita en la Gaceta Parlamentaria del 28 de abril señala que 35 países cuentan con un sistema de obligatoriedad del voto y otras naciones establecen disposiciones similares a niveles regionales.
Entre los casos paradigmáticos enumeró a Bélgica como uno de los países pioneros en el voto obligatorio y donde las sanciones prevén multas y, en casos de reincidencia, la imposibilidad de obtener ciertos documentos oficiales.
En Australia, el voto es considerado un deber cívico fundamental, aunque las sanciones son relativamente leves y consisten principalmente en multas.
A su vez, la obligatoriedad del voto en Brasil tiene una larga historia y las sanciones pueden considerar multas, restricciones para ejercer cargos públicos y, en algunos casos, la imposibilidad de obtener ciertos documentos.
El voto obligatorio fue introducido en Argentina a principios del siglo XX y las sanciones son similares a las de otros países de la región, como multas y restricciones para participar en ciertos concursos públicos.
“México no es ajeno a ello, pues el artículo 36 de la Constitución Política establece la obligación de todos los ciudadanos mexicanos de votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, en los términos que señale la ley”, aunque no se prevé actualmente sanción alguna.
El legislador Luis Enrique Miranda propuso por ello introducir expresamente las sanciones en caso de incumplimiento de la obligación de votar, así como fijar en las leyes secundarias las causas de excepción por las que las personas pueden no acudir a votar.
“Peligrosa amenaza”
El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring, calificó la iniciativa del PVEM como una “peligrosa amenaza” de obligar a los mexicanos a votar y, en caso de negarse, quitarles los programas sociales.
“Me parece que es un asunto propagandístico, pero lo peligroso es que esta idea germine y luego traten de que, ya en la Constitución, obliguen a todos a votar y entonces el que no vote, no tenga programas sociales, y lo pueden coaccionar, manipular y presionar más los servidores de la nación que, electoralmente, les apodan los buitres de la nación”, alertó el legislador.
En entrevista, subrayó que actualmente votar es una decisión que toman libremente los mexicanos, e incluso pueden ir y anular el voto, si ninguna de las opciones les satisface.
A su juicio, el texto constitucional debe mantener esa libertad de los ciudadanos, sin amenazas ni coacciones de ningún tipo por parte de la autoridad.
Döring remarcó asimismo que la eventual reforma para cancelar la credencial de elector a quienes desistan de votar no podría aplicarse en la elección judicial del próximo 1 de junio, pues el artículo 105 constitucional establece que no es posible ninguna legislación electoral seis meses antes de que se lleven a cabo las jornadas electorales.
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HCM
