Al cabo de negociaciones a puertas cerradas con cinco republicanos rebeldes, el Comité de Presupuesto aprobó —la noche del domingo— enviar para voto final ante el pleno de la Cámara de Representantes la iniciativa de ley de reforma fiscal del presidente Donald Trump, que incluye el impuesto de cinco por ciento a las transferencias de remesas.
Con 17 votos republicanos a favor, 14 demócratas en contra y cuatro abstenciones de los republicanos inconformes, la llamada Iniciativa de Ley Grande y Bella tiene previsto ser objeto de votación de manera inmediata a fin de que sea aprobada en la cámara baja y enviada al Senado antes del receso de Memorial Day, el 26 de mayo.
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Debate entre demócratas y republicanos
Durante la breve sesión nocturna dominical los demócratas se quejaron de que los republicanos actuaron con opacidad y no dieron a conocer las promesas de cambios hechas a los rebeldes.
“No sabemos qué demonios hay en esta iniciativa”, se quejó el demócrata de mayor rango, el legislador de Pensilvania, Brendan Boyle.
A pesar de las objeciones, el republicano de Texas, Jodey Arrington, presidente del , procedió con el voto y limitó el número de mociones de los demócratas que buscaban alargar el procedimiento.
La iniciativa pasa de inmediato al Comité de Reglas para que defina las modalidades del voto final.
La cláusula del cinco por ciento a las remesas enviadas por personas que no sean ciudadanos o residentes legales de Estados Unidos forma parte de las 389 páginas de la legislación que incluye recortes de impuestos que serán compensados con recortes a programas sociales.
Las remesas, arma tributaria de Trump desde 2015
Aunque el plan republicano de imponer un impuesto de cinco por ciento a los envíos de remesas de extranjeros en los Estados Unidos ha acaparado la atención en el actual debate presupuestal, la semilla de la idea fue plantada por Donald Trump en la mente de la derecha desde hace una década en su primera campaña presidencial
Ansioso de encontrar un mecanismo para financiar su faraónico muro de mil kilómetros en la frontera de su país, su campaña develó en agosto de 2015 un plan migratorio donde sentenció que, “México debe pagar el muro y, hasta que lo haga, Estados Unidos, entre otras cosas, incautará todos los pagos de remesas derivados de salarios ilegales”.
Las remesas ya habían estado en la mira del entonces fiscal general de Arizona, Terry Goddard, quien sospechaba que los cárteles mexicanos las utilizaban para transferir sus ganancias ilícitas a través de la empresa Western Union. Sin embargo, Trump les vio un uso como política tributaria, no de una herramienta contra los grupos criminales.
Aunque parecía que el plan había quedado en el olvido, Trump lo revivió menos de un año después en un memorando a The Washington Post.
“El primer día, se promulgará una regulación que modifica el artículo 31 del Código de Regulaciones Federales (CFR) 130.121 para redefinir las instituciones financieras aplicables, incluyendo a las empresas de transferencia de dinero como Western Union.
“También se incluirá en la norma propuesta el requisito de que ningún extranjero pueda transferir dinero fuera de Estados Unidos a menos que presente primero un documento que acredite su presencia legal en el país”, escribió Trump
“El segundo día, México protestará de inmediato… El tercer día, se le informará a México que si el gobierno mexicano contribuye con mil millones de dólares a Estados Unidos para financiar el muro, la istración de (Donald) Trump no promulgará la norma definitiva y la regulación no entrará en vigor”, amenazó.
Trump llegó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017, a pesar de haber perdido el voto popular frente a Hillary Clinton. Un mes después, el entonces presidente del Subcomité de Seguridad del Transporte de la Cámara de Representantes, Mike Rogers, anunció una iniciativa de ley para gravar las remesas con un impuesto de dos por ciento para pagar el muro en la frontera con México. Pero el plan nunca tuvo tracción en el Congreso.
Durante casi dos no se volvió a hablar del tema hasta que fue revivido por el republicano de Texas, Ted Poe, en 2018. Su propuesta: cobrar una tarifa de uno por ciento a las remesas que envían los inmigrantes a sus países de origen, especialmente México y China.
"¿No debería Estados Unidos cobrar una tarifa de uno por ciento para estas transacciones específicamente de trabajadores extranjeros que envíen dinero a México y a cualquier otro país, para que ese dinero se quede en los Estados Unidos?", preguntó en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores.
"Estaríamos felices de ver esto y analizarlo", le respondió la a adjunta de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) Sarah-Ann Lynch.
Nada pasó, pero los demócratas como Eliot Engel expresaron su preocupación de que la insistencia en que México pagara el muro, con remesas u otro mecanismo, podría alienar las relaciones con su vecino.
“Me preocupa que si el presidente (Donald) Trump continúa por la misma línea, el presidente electo (Andrés Manuel) López Obrador desconecte la cooperación en seguridad”, señaló Engels.
La idea quedó en la congeladora legislativa durante la era de Joe Biden, pero fue resucitada en abril de este año en un mensaje de Trump en su red Truth Social, donde anunció que estaba “finalizando un memorando presidencial para terminar con las remesas enviadas fuera de los Estados Unidos por los extranjeros irregulares”.
El memorando no se ha materializado, pero la idea emergió como un impuesto de cinco por ciento dentro del llamado “enorme y bello” plan presupuestal de los republicanos, develado por el poderoso Comité de Medios y Procedimientos.
“Por la presente se impone a cualquier transferencia de remesas un impuesto equivalente al cinco por ciento del importe de dicha transferencia… El impuesto impuesto por esta sección con respecto a cualquier transferencia de remesas será pagado por el remitente con respecto a dicha transferencia”, sostiene la cláusula.
México, país más afectado
La cláusula de las remesas, incorporada en la página 327 del masivo presupuesto, avanzó en la primera instancia del trámite legislativo toda vez que el proyecto presupuesto fue aprobado por 26 votos republicanos y 19 demócratas. Pero, el presupuesto fue bloqueado en el Comité de Presupuesto por una alianza de republicanos conservadores.
Aunque la nueva versión, no lleva dedicatoria expresa a México, éste sería el país más afectado. Sólo el año pasado recibió más de 64 mil millones de dólares en remesas.
Se estima que el impuesto a las remesas afectaría a más de 40 millones de personas, incluyendo titulares de tarjetas de residencia permanente y de visas de no inmigrante, como las personas con visas H-1B, H-2A y H-2B, pero no a los ciudadanos estadunidenses.
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