A casi diez años de que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, decretó por primera vez -28 de julio de 2015-, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), para el Estado de México, no hay mucho que celebrar; los feminicidios continúan siendo un pendiente en la agenda del Edomex, donde familiares de víctimas y asociaciones civiles, aún exigen al gobierno estatal un plan contundente para frenar este fenómeno.
Es más, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), sostiene que las políticas públicas de prevención han fallado en el Edomex, dado que esta entidad es todavía puntero en feminicidios y desapariciones a nivel nacional. Los números son contundentes y debieran ser un acicate, para dejar de lado la simulación y atender el problema de manera eficaz, más allá del ridículo monto de 14.6 mdp que este año se destinará en "pagos chiquitos", a 313 menores de edad y adolescentes en situación de orfandad, luego que sus madres fueran víctimas de feminicidio o desaparición.
La exigencia al gobierno de un plan integral y concreto para prevenir y erradicar la violencia feminicida que asecha a las mujeres mexiquenses, evidencia que, pese a las dos alertas de género activas, las acciones no han permeado entre la sociedad mexiquense. Edomex concentra el mayor número de feminicidios de niñas y adolescentes a nivel nacional, con un total de 833 de 2 mil 636 casos registrados entre 2015 y 2025.
Al parecer las políticas de prevención no dan resultados, debido a que no se adaptan a la realidad de cada municipio. Expertos consideran que se tiene que trabajar bajo territorios, porque es imposible homologar acciones cuando se ignora qué es lo que está vulnerando la seguridad para las mujeres en cada demarcación mexiquense, donde son inconmensurables las agresiones a ese sector de la población. Por otro lado, es vital que el Fondo de Reparación se use de manera más efectiva, y urge transparencia para garantizar que las familias de las víctimas reciban el apoyo correspondiente, además de dotar de mayor presupuesto para prevención, ya que, la asignación de recursos debe enfocarse en medidas efectivas, como refugios, campañas educativas y capacitación en perspectiva de género, aunado a aplicar sanciones a los servidores públicos negligentes, para combatir la impunidad.
A ese lamentable escenario, se suma que tras la primera reunión de del Observatorio y familiares con el gobierno estatal, se canceló un segundo encuentro pactado para el 25 de marzo pasado, y desde entonces se encuentra en pausa la mesa técnica de trabajo para revisar las alertas de género y desapariciones, ya que la entidad mexiquense también tiene alerta en ese delito
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