Ismael y Josué Arroyo, hermanos, de 15 y 14 años, respectivamente, Nehemías Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11, son los nombres de los niños que el Estado ecuatoriano asesinó. Nombres que el presidente Daniel Noboa no pudo pronunciar —ni uno solo—, en uno de los debates presidenciales, a pesar de que su Gobierno los asesinó por pobres y negros, en medio de su famoso plan de seguridad “Fénix”, ese que justifica la militarización indiscriminada de los barrios populares y que dispone cuáles son las vidas que importan.
Mientras Noboa y su séquito se niegan a hablar de desaparición forzada, las últimas reconstrucciones de los hechos, realizadas los pasados 26 y 27 de abril, arrojaron que los menores sufrieron correazos, patadas, golpes, puñetazos, pisotones en el suelo, llaves de lucha y la detonación de un disparo a pocos centímetros, a manos de varios militares, después de ser apresados por 16 uniformados de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
“Los 4 de Guayaquil”, como la gente empezó a llamarlos, vivían en una humilde zona al sur de la ciudad, en Las Malvinas, y salían de jugar un partido de fútbol, cuando dos camionetas los interceptaron. La respuesta del Gobierno fue inmediata, pero no para protegerlos, sino para difamarlos. Apenas se conoció su desaparición, comenzaron a llamarlos "delincuentes", " de bandas", "parte del crimen organizado". ¿Qué otra cosa podrían ser cuatro niños negros, pobres y de Las Malvinas a los ojos de un gobierno clasista, racista y represor? Tres semanas después, aparecieron calcinados cerca de un cantón militar en Taura, el 24 de diciembre.
Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por los Derechos Humanos, organización que representa a las familias de los menores, afirmó que los niños fueron víctimas de tortura física, psicológica y sexual.
No se trata de un hecho aislado, sino de la expresión más brutal de un patrón. Según datos de organizaciones de derechos humanos y de la Alianza Global para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez, el homicidio se ha convertido en la principal causa de muerte violenta entre niños, niñas y adolescentes en Ecuador. En 2023, se registraron al menos 770 homicidios de niños, niñas y adolescentes en el país, lo que representa un aumento del 640%, muchos de ellos, en contextos policiales o de violencia estructural donde el Estado ha optado por la militarización en lugar de la protección social.
El asesinato de Ismael, Josué, Nehemías y Steven es también un espejo de la podredumbre que gobierna hoy a Ecuador, encarnada en Daniel Noboa: la política de istrar la vida y la muerte según criterios de raza, clase y territorio. Su “mano dura” no es seguridad, es barbarie. No es Estado de derecho, es Estado criminal.
Cabe recordar que en plena campaña, Noboa entregó bonos a los militares, como si se tratara de un soborno electoral para asegurar la lealtad de las fuerzas represivas, que están al servicio de su estrategia de control social, al tiempo que los dotaba con chalecos antibalas con certificados falsos.
Su supuesta estrategia de seguridad es una fachada mediática sostenida por cuerpos ejecutados, por barrios sitiados por las Fuerzas Armadas y por un aparato propagandístico que transforma víctimas en sospechosos para justificar lo injustificable. El junior presidente no ataca la violencia, la gestiona a su antojo. No en vano, una de las empresas bananeras de la familia Noboa es señalada de transportar cocaína a Europa. Es una verdadera lástima que el pueblo ecuatoriano viva cuatro años más de un Estado criminal, legitimado en un grotesco fraude.
A Ismael, Josué, Nehemías, Steven y sus familias: su memoria no será borrada. El dolor que hoy nos atraviesa debe convertirse en una demanda irrenunciable de justicia.
