¿A quién puede interesarle operar granjas de minado de criptomonedas en la Sierra Norte de Puebla? Los indicios disponibles del caso registrado este año en el municipio Juan Galindo llevan a políticos metidos en el mundo de las criptomonedas que, según la DEA, son utilizadas por los cárteles mexicanos para lavar dinero.
Solo a ellos, los improvisados, se les ocurre montar una granja de 62 equipos en un inmueble aparentemente rentado al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y ponerla a operar colgándose de la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para ganar millones.
Negociazo, ¿no?
Los inversionistas debían estar que no caben de contento pasando por alto que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos registra cualquier entramado al que recurra el crimen organizado para allegarse o lavar recursos.
Sí, es probable que ni el SME ni Miguel Márquez Ríos, diputado local por la coalición Sigamos Haciendo Historia y promotor de la renta del inmueble, conocieran lo ilícito de la actividad a la que daban albergue.
El problema grave no es que se hayan robado la energía, que por lo demás es infinitamente inferior al robo de energía en los grandes tianguis de Puebla, como los de Tepeaca y San Martín Texmelucan.
La gravedad, lo que debería investigarse, es qué se hacía en la Sierra Norte de Puebla con la energía robada; si hasta ahora no se ha dicho nada es porque no está tipificado lo que es una actividad irregular o… porque hay complicidad.
El caso es simple: la madrugada del pasado 31 de enero la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional abrieron paso en esa localidad a trabajadores de la CFE para que en inmuebles del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) desarticularan las “tomas clandestinas de energía” que alimentaban granjas de minado de criptomonedas.
Las autoridades se limitaron a informar de las tomas ilegales de energía que, sin embargo, no es el más grave de los delitos que ahí se cometen. No se sabe si hubo detenciones, ni el destino de lo asegurado, o si al más puro estilo de Javier Milei, el presidente argentino, en la clandestinidad se vendían criptomonedas al extranjero.
Queda como antecedente que en marzo de 2024 la Fiscalía General de la República cateó el salón de fiestas Madrid, ubicado en la colonia El Potro, Huauchinango, y propiedad de Carlos Martínez Amador, ex dirigente estatal del PRD y ex alcalde de Huauchinango y hoy día coordinador general de Planeación, Seguimiento y Evaluación en la Secretaría de Bienestar del gobierno de Alejandro Armenta Mier.
En ese inmueble había equipos de minería de criptomonedas que, como en el caso de Juan Galindo, operaban robándose la energía eléctrica. Aún queda pendiente reconstruir la “ruta del dinero”.
Al margen
Nada, que dio inicio el proceso electoral en el Poder Judicial. Todo apunta a que se tratará de un reciclaje: en la mayoría de circuitos participan para ser jueces y magistrados federales quienes hoy día despachan como jueces y magistrados locales, muchos de ellos detentan magistraturas por anuencia de los gobernadores. O sea, no espere grandes y significativos cambios en la istración de justicia.
