El Acuerdo de Escazú que México firmó para proteger a defensores ambientales es letra muerta en Puebla, uno de los múltiples estados donde se violenta a las personas que defienden la vida de todos, no solo la propia: los bosques, el agua, el territorio.
El informe más reciente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) revela cifras lacerantes: Puebla ocupa el cuarto lugar nacional en número de agresiones contra las personas defensoras del medio ambiente durante 2024.
Los números no alcanzan para narrar el drama humano que hay detrás de la defensa del ambiente en México: homicidios, amenazas y una criminalización sistemática pesan sobre las comunidades. Un ejemplo es San Andrés Hueyacatitla, en el municipio de San Salvador El Verde, Puebla.
Allí, el 25 de febrero de 2024 tres ejidatarios y guardabosques, José Ángel Pelcastre, Ventura Ojeda y Florentino Castro, fueron asesinados cuando cavaban una zanja para frenar el paso de talamontes. Marcos Sánchez Perea, presidente del comisariado ejidal de la comunidad y férreo opositor a la tala ilegal, corrió la misma suerte cuando el 27 de noviembre de 2024 se dirigía a una asamblea ejidal.
Ni el Estado, ni las corporaciones de seguridad, ni las fiscalías parecen interesados en detener la impunidad de la que gozan quienes cometieron cuatro asesinatos en menos de un año. El informe del CEMDA documenta que el Estado fue el agresor principal en 62 de los 94 eventos violentos y 25 agresiones letales registrados en el país durante 2024, le siguen las empresas privadas y los grupos criminales.
En Puebla la criminalización de los integrantes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental ejemplifica la represión legal y simbólica que corre por cuenta de la Fiscalía General del Estado, dependencia que cita a declarar a los activistas bajo cargos ambiguos. Un ejemplo es el caso de los líderes comunitarios Renato Romero y Maurilio Galeote, quienes han sido hostigados judicialmente por oponerse al acaparamiento de agua que hace, por ejemplo, Granjas Carroll, empresa criadora de cerdos.
Indigna que los asesinatos de los defensores del medio ambiente no abren noticieros.
Indigna que las amenazas no conmueven a los congresos locales.
Indigna que la defensa del agua y el bosque se convierta en un acto solitario y peligroso.
Indigna que se pierda la vida por evitar que una empresa robe el agua o que una sierra sea reducida a astillas.
Indignan la falta de voluntad política, la colusión institucional y el silencio cuando está en juego no solo la vida de los defensores, sino el derecho colectivo a un futuro con agua limpia, aire respirable y árboles en pie.
¿Hasta cuándo?, ¿hasta cuándo se permitirá que junto con los árboles caigan sus defensores?
