Se creó la Comisión Interinstitucional del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Jalisco. Este esfuerzo busca coordinar las acciones de los gobiernos municipales y estatal para atender las necesidades de la infancia, un sector que enfrenta serios problemas. Aunque este es un paso importante, la tarea por delante es enorme.
En México, 3.7 millones de niños y adolescentes trabajan cuando deberían estar en las aulas aprendiendo y desarrollándose. Esta situación refleja las condiciones de desigualdad y pobreza que muchas familias enfrentan. Además, los niveles de violencia infantil son alarmantes. No solo en Jalisco, sino en todo el país, los reportes de maltrato y abuso han ido en aumento, lo que evidencia la gravedad de la situación y la necesidad de atenderla de manera urgente.
La creación de esta comisión es un esfuerzo que merece ser reconocido. Sin embargo, no bastan sólo las buenas intenciones; se necesita acción y resultados claros. La coordinación entre dependencias puede ser el inicio de un cambio positivo, pero para que funcione será necesario destinar recursos suficientes, fortalecer la capacitación y dar prioridad a la infancia en las políticas públicas que vayan a implementarse de manera coordinada.
En México viven casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes y los retos incluyen prevenir el trabajo infantil, combatir la violencia, la obesidad y la desnutrición, el bajo aprovechamiento escolar, la inasistencia a la escuela, la pobreza, los problemas de salud para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes tengan a educación, salud y un entorno seguro.
Hay un dato a reflexionar, pues de cada 100 menores de 3 años, 97 no asisten a algún programa de educación inicial (SEP 2022-2023) y tres de cada 10 niñas y niños de 3 a 5 años no asisten a preescolar (SEP 2022-2023). Otro dato alarmante es que el 18% de niñas y niños menores de un año no cuentan con acta de nacimiento.
La constitución de la SIPINNA marca un punto de partida que puede ayudar a transformar la vida de miles de menores en el estado. Sin embargo, los verdaderos avances se medirán con acciones concretas que reflejen una mejora real en las condiciones de la infancia. Es un esfuerzo que debe ser monitoreado y exigido por todos, porque proteger a los niños es una tarea que nos compromete como sociedad.
