Una jueza federal dio luz verde a la Fiscalía General de la República (FGR) para detener a Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán, contra quien pesa una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y istración fraudulenta, derivado de un quebranto de 3 mil 412 millones de pesos por la compra a sobreprecio, de cuarteles para la Guardia Civil.
Jovita Vargas Alarcón, jueza Noveno de Distrito en Materia Penal, dejó sin efecto la suspensión definitiva que impidió durante casi dos meses la captura del ex mandatario estatal.
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La juzgadora informó que Silvano Aureoles no cumplió con las medidas de aseguramiento que le fueron impuestas para que suspensión no perdiera sus efectos.
“Se deja sin efectos suspensión definitiva. En otro orden, del estado procesal que guardan los autos del presente incidente de suspensión, se advierte que el quejoso Silvano Aureoles Conejo no cumplió las medidas de aseguramiento decretadas en la resolución interlocutoria de 14 de mayo de 2025, pues no exhibió la garantía económica (de un millón de pesos) establecida ni acreditó hacer comparecido de manera personal ante la juez responsable que se encuentra a cargo de la causa penal (quien ordenó su captura), a efecto de que surtiera efectos la suspensión definitiva que se le concedió”, detalla el acuerdo de Vargas Alarcón.
Pese a la decisión de la juzgadora, un Tribunal Colegiado aún revisará la impugnación de Silvano Aureloes, quien interpuso un recurso de revisión para que se le otorgue un plazo mayor para cumplir con lo que se le había ordenado. Sin embargo, mientras los magistrados pronuncien él no goza de protección.
La FGR ha detallado que Silvano Aureoles y cuatro de sus ex colaboradores presuntamente causaron un daño patrimonial por la compra, a sobreprecio, de cuarteles de la Guardia Civil para los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, en Michoacán.
Hace unos días, Patricia Sánchez Nava, jueza de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, y quien libró la orden de aprehensión, citó al ex gobernador para que se presente a la audiencia inicial que se celebrará el próximo 20 de agosto, en la que la FGR lo imputará por los presuntos delitos antes mencionados.
LP
