La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará si en los juicios políticos realizados por el Congreso de Michoacán existe algún medio de defensa al alcance de los servidores públicos que son encausados en este procedimiento, o si estos actos se consuman automáticamente de modo irreparable.
El asunto llegó al máximo tribunal de justicia porque un ex colaborador del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo impugnó el procedimiento.
Una ministra solicitó ejercer la facultad de atracción, debido a la relevancia del caso.
El expediente fue turnado al ministro Javier Laynez Potisek, quien presentará un proyecto que será discutido el próximo 7 de mayo.
¿Quién impugnó el procedimiento?
Se trata del caso de Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, quien fue titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) durante el gobierno de Silvano Aureoles.
En septiembre de 2023, el Congreso del Estado se erigió como Jurado de Sentencia y lo inhabilitó por un periodo de 10 años para ejercer funciones públicas, al considerar que se comprobó que, durante su gestión como titular de la Auditoría, incurrió en actos ilegales, carentes de imparcialidad, honradez y eficiencia.
El juicio político fue promovido por Azucena Marín Correa, debido a la probable omisión por parte de Aguirre Abellaneda de presentar los informes anuales en materia de fiscalización ante el Congreso del Estado o la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán; así como por conflicto de interés en la adquisición de insumos de cómputo para la ASM a personas relacionadas con él.
Además, se le atribuyó el incumplimiento en el pago del impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal durante los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022.
Asimismo, se le encontró presuntamente responsable de la mala integración del pasivo y la subsecuente omisión de revelar las obligaciones de pago respecto de las retenciones por Impuesto Sobre la Renta (ISR) y las aportaciones de seguridad social, así como de diversas irregularidades y violaciones en los estados financieros correspondientes al activo circulante y al activo no circulante.
¿De qué se le acusa?
Aguirre Abellaneda fue señalado de estar posiblemente relacionado con una red de corrupción desde que se desempeñó como delegado istrativo de la Secretaría de Finanzas y istración, periodo durante el cual adquirió 150 equipos de cómputo y servidores sin licitación pública, a través de una ex subordinada, por un monto de tres millones 158 mil pesos.
Ante esta situación, Aguirre Abellaneda promovió un juicio de amparo, bajo el argumento de que durante el procedimiento de juicio político se cometieron diversas violaciones.
Katia Orozco Alfaro, jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, determinó sobreseer la demanda, al considerar que no es posible modificar la decisión soberana de la legislatura estatal.
“Sin embargo, como se señaló, las violaciones alegadas, tanto de carácter adjetivo como sustantivo, no pueden ser analizadas en este sumario sin que se afecte la decisión soberana emitida por el Congreso del Estado de Michoacán al resolver el juicio político".
“Esto, porque si bien, con base en la doctrina de la Segunda Sala de la SCJN, el juicio de amparo indirecto procede contra cualquier violación suscitada dentro del juicio político, sea adjetiva o sustantiva, ello únicamente es posible siempre que no sea resuelto en definitiva este procedimiento; esto, porque en el momento en el que el Congreso emitió la resolución, en ejercicio de su potestad soberana y libre, determinó la inhabilitación del servidor público denunciado”, detalló la resolución.
MO
