Por su vocación turística, Puerto Vallarta es considerado uno de los centros económicos más importantes del estado de Jalisco, así como uno de los puntos marítimos de mayor relevancia en el sistema portuario mexicano.
El agua turquesa que acaricia sus playas y la glamurosa vida nocturna han convertido a Puerto Vallarta en un destino altamente atractivo para locales y foráneos. Sin embargo, desde hace más de una década, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) comenzó a echar raíces en este municipio para utilizarlo como una de sus bases de operaciones más robustas. ¿Cómo ocurrió esto? En MILENIO te contamos los detalles.
Una ruptura criminal: época fértil para el CJNG
La detención de Alfredo Beltrán Leyva (El Mochomo) ocurrida en enero de 2008 marcó el inicio de una cruenta disputa al interior del Cártel de Sinaloa, pues se esparcieron los rumores de que su captura habría sido consecuencia de una traición de Joaquín El Chapo Guzmán.
Investigaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) identificaron que El Mochomo era el responsable de las operaciones para traficar droga, lavar dinero y sobornar a funcionarios públicos en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco y Nayarit. Su arresto representó un duro golpe para la estructura criminal.
Otra estocada contra el Cártel de Sinaloa llegó el 29 de julio de 2010, fecha en que un grupo de militares abatió a Ignacio Coronel Villarreal durante un enfrentamiento en la zona residencial de Colinas de San Javier, Zapopan. Nacho Coronel era el jefe de plaza del grupo criminal en Jalisco.
Para esa época, el CJNG se había consolidado como una célula del cártel sinaloense con la encomienda de enfrentar a Los Zetas. Sin embargo, las fracturas en la cúpula de la organización trazaron el camino para que Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y su gente se emanciparan de aquellos.
El abogado que acercó al CJNG a los fraudes con tiempos compartidos
Para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la llave que permitió la entrada del CJNG al negocio de las estafas millonarias tiene nombre y apellido.
Omar Aguirre Barragán fue un abogado y empresario mexicano que, según reportes periodísticos, estaba en las filas del Cártel de Sinaloa cuando aprendió a realizar operaciones fraudulentas mediante tiempos compartidos.
El abogado se especializó en estos esquemas con el apoyo de estafadores —nacionales y estadunidenses— establecidos en Puerto Vallarta. En el año 2012, cuando el control de la región había cambiado de manos, Aguirre se dedicó a instruir a los del CJNG para replicar estas operaciones.
"Eventualmente, el CJNG tomó el control directo y desplazó a Aguirre como un intermediario innecesario", señala un reporte del Departamento del Tesoro. Fuera de su papel como el primer o del cártel con este negocio ilícito, son pocos los detalles que se conocen de Omar Aguirre Barragán.
A finales de abril de 2014, el empresario fue capturado durante un operativo de la Policía Federal que tenía como objetivo a Miguel Ángel Pérez Quintero, ubicado como jefe de plaza del CJNG en Puerto Vallarta y uno de los operadores de Rubén Oseguera González, El Menchito.
La última noticia que se había tenido de Aguirre Barragán ocurrió en febrero de 2017, cuando un juez federal dictó diversas sentencias contra él y las otras siete personas capturadas por la Policía Federal. El abogado fue condenado a ocho años de cárcel, aunque se desconoce si llegó a cumplirla por completo. Fue hasta julio de 2024 que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) confirmó, sin mayores detalles, que Aguirre estaba muerto.
¿Cómo funcionan los fraudes de tiempos compartidos del CJNG?
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos identificaron que entre 2019 y 2024 hubo más de seis mil víctimas de fraudes de tiempo compartido, lo que se tradujo en pérdidas que superan los 300 millones de dólares.
Paul Roberts, encargado de la Subdivisión de Delitos Financieros Complejos en la Oficina del FBI en Nueva York, explicó en junio de 2024 que los estafadores de grupos como el CJNG han centrado su atención en personas adultas mayores debido a su vulnerabilidad.
Para poner en marcha este esquema, los implicados crean documentos falsos y se establecen en modestos domicilios para comunicarse con sus víctimas. "Se hacen pasar por corredores terciarios de tiempo compartido o representantes de venta de la industria", resaltó Roberts.
En una primera etapa, los criminales an a propietarios de tiempos compartidos vía telefónica o a través de correo electrónico. Inicialmente, los incitan a salir de su propiedad, a alquilarla o a invertir en certificados de acciones y les exigen pagos por adelantado para "ayudarles" a llevar a cabo estos acuerdos. Los cobros pueden repetirse hasta que las víctimas se quedan sin dinero, o bien, hasta que se percatan del fraude.
Una segunda fase del esquema consiste en que, después de cierto tiempo, los involucrados an nuevamente a las víctimas, haciéndose pasar ahora por abogados con la supuesta intención de brindarles apoyo para recuperar su dinero.
It's all fun in the sun—until it's not. The #FBI has seen a rise in scams orchestrated by Mexican Cartels targeting American timeshare owners. Learn more about these schemes and how you can protect yourself and your loved ones athttps://t.co/EsS5RpZW7C pic.twitter.com/0V2nUWBZx0
— FBI (@FBI) July 8, 2024
En este segundo acercamiento, los delincuentes afirman que los estafadores iniciales han sido acusados penalmente en Estados Unidos o en México y que las víctimas podrán acceder a un acuerdo de reposición. Sin embargo, para proceder con el supuesto trámite les piden que cubran los costos legales y de honorarios de forma anticipada.
La tercera etapa de este esquema fraudulento consiste en la usurpación de identidades de autoridades. Los estafadores se hacen pasar por funcionaros de la OFAC, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México e incluso de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
En este punto, los criminales pueden actuar de dos maneras:
- Le aseguran a las víctimas que tienen a acuerdos penales y desean ayudarlas a recuperar su dinero
- Intentan asustar a las víctimas diciéndoles que sus pagos previos fueron considerados sospechosos y las amenazan con citarlas a comparecer o encarcelarlas si no entregan un monto adicional para "limpiar sus nombres".
Paul Roberts advirtió que la solicitud de pagos anticipados es una de las principales señales de alerta en esta materia, ya que no es una práctica estándar en la industria de los tiempos compartidos.
Asimismo, el mando policiaco reconoció que estas operaciones son atractivas para cárteles como el de Jalisco debido a que son más baratas y menos riesgosas en comparación con otras relacionadas con el tráfico de drogas o armas.
"Tiene costos generalmente bajos y de reinversión mínima, ya que sólo se necesita un alquiler de espacio reducido, configuración de telecomunicaciones y empleados de habla inglesa con a bases de dato de complejos turísticos", explicó Roberts en un reporte del FBI.
BM.
